El Gobierno nacional implementó una suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional, que incluye todos los organismos y entidades bajo su órbita. Esta decisión apunta a racionalizar el gasto público y controlar la plantilla estatal, en el marco de un proceso más amplio de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Detalles de la nueva normativa
La modificación fue oficializada esta madrugada con la publicación del decreto 934/2025 en el Boletín Oficial. A partir de esta normativa, se establecieron excepciones específicas y mecanismos restrictivos que permitirán nuevas incorporaciones solo bajo criterios muy estrictos.
Según el documento, “las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.
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De este modo, quedan anuladas las designaciones futuras que impliquen la incorporación de personal a plantas transitorias y contrataciones temporales, entre otros tipos de contratos, incluidos aquellos por prestación de servicios con profesionales autónomos.
Excepciones a la restricción
A pesar de la suspensión, se exceptúan sectores vinculados a la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y personal destinado a trabajar en hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación y producción. También se autorizan las contrataciones en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y del cuerpo de guardaparques nacionales.
Asimismo, se incorpora un mecanismo de reemplazo controlado: cada dependencia podrá realizar una incorporación por cada dos bajas a partir de 2026, siempre que no se trate de retiros voluntarios. Para ello, deberán solicitar autorización a la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.
Prioridades y políticas similares en el sector público
El decreto mantiene la prioridad de cumplimiento del cupo de discapacidad, garantizando la cobertura de cargos destinados a personas con discapacidad, tal como lo establece la Ley N° 22.431. Además, se instó a los representantes estatales ante empresas y fondos fiduciarios controlados mayoritariamente por el Estado a adoptar políticas similares de restricción de personal, extendiendo esta lógica de racionalización más allá de la administración central.
Finalmente, se anunció la derogación del Decreto N° 1148 del 30 de diciembre de 2024, que regulaba las condiciones de contratación en el sector público. En su lugar, el Gobierno decidió prorrogar la Decisión Administrativa N° 28 hasta el 31 de diciembre de 2026, la cual limita las contrataciones estatales, asegurando así la continuidad del control en la incorporación de personal.
