La reciente propuesta del Ejecutivo nacional sobre el monotributo generó preocupación entre los beneficiarios de pensiones no contributivas, al establecer nuevas condiciones que limitan su posibilidad de trabajo complementario. La normativa, que se encuentra bajo análisis en el Senado, busca reestructurar las reglas aplicables a quienes reciben estas prestaciones económicas.
El fin de la facturación compatible
La segunda gran causal de baja del beneficio es la inscripción en el régimen general o simplificado de monotributo. El proyecto prohíbe de manera explícita que un titular de pensión no contributiva figure en los registros tributarios como monotributista. La sola inscripción es suficiente para perder el beneficio.
Muchos beneficiarios recurrían al monotributo social o al régimen simplificado para facturar trabajos esporádicos que les permitían complementar su ingreso previsional. Esa posibilidad desaparecerá con la nueva redacción. La propuesta entiende que la pensión debe ser la única fuente de sustento y que cualquier actividad económica registrada resulta incompatible.
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Ingresos extras detectados por cruce de datos
El mecanismo para detectar estas incompatibilidades no depende de la declaración voluntaria del beneficiario. El proyecto faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a implementar auditorías periódicas mediante el cruce masivo de información entre la ANSES, la ARCA, el Ministerio de Trabajo y el SINTyS.
Luego de la detección, el beneficiario tendrá un plazo de 60 días para demostrar que su situación se ajusta a derecho. En caso contrario, la baja se vuelve definitiva mediante un acto administrativo.
Falta de reempadronamiento
Otra de las causales que puede costar la pensión es el incumplimiento del reempadronamiento obligatorio. Todos los titulares deberán actualizar sus datos personales, médicos y socioeconómicos en un plazo de 90 días. Si no lo hacen, el sistema suspende el cobro de manera automática. Transcurridos 60 días sin regularizar la situación, la baja quedará firme.
La prestación sigue siendo inembargable pero condicionada
El proyecto mantiene la protección legal que impide que la pensión sea objeto de embargos por deudas. Sin embargo, esta garantía coexiste con el nuevo régimen de incompatibilidades absolutas. El debate en el Senado será determinante para definir si estas causales de baja obtienen el respaldo necesario para convertirse en ley.
