Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca establecer controles obligatorios de alcoholemia y de sustancias psicoactivas para choferes de micros de larga distancia que operan en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes vinculados al consumo.
El avance de la iniciativa se da en un contexto marcado por reiterados episodios protagonizados por conductores de colectivos de larga distancia que dieron positivo en controles de alcoholemia o drogas, algunos de ellos mientras trasladaban pasajeros en viajes turísticos o educativos.
Uno de los casos más resonantes ocurrió el pasado 25 de noviembre, cuando un chofer que llevaba a un grupo de chicos de 12 años a un viaje de egresados fue sometido a un control y dio positivo en el consumo de drogas, lo que encendió las alarmas entre los padres y las autoridades.
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Según detallaron fuentes judiciales, uno de los choferes que transportaba a los alumnos desde Exaltación de la Cruz hacia Cariló se negó en reiteradas oportunidades a realizarse el narcotest solicitado por un grupo de padres. Finalmente, el control se concretó y el conductor dio positivo para consumo de cocaína y marihuana, por lo que fue detenido. El proyecto fue impulsado por el senador bonaerense de Hechos, Marcelo “Chuby” Leguizamón.
Frente a este escenario, el proyecto de ley propone la aplicación obligatoria de controles de alcoholemia y psicoactivos para todas las empresas, permisionarias o concesionarias que brinden servicios de transporte automotor de pasajeros con origen o destino en la provincia de Buenos Aires. Las pruebas deberán realizarse antes de iniciar cada viaje y también de manera sorpresiva y aleatoria durante la jornada de conducción.
Los fundamentos del proyecto que propone controles de alcoholemia obligatorios
“Establecer la obligatoriedad de los controles de alcoholemia y detección de sustancias previo a la toma del servicio no debe interpretarse como una medida punitiva, sino como una acción de salud pública y de prevención activa, que busca blindar la operación del servicio asegurando que la primera línea de defensa de la seguridad vial, que es el conductor, se encuentre en condiciones óptimas para desempeñar su tarea”, sostuvo el legislador.
En esa línea, recordó que la iniciativa se alinea con la política de Estado de la provincia de Buenos Aires, que avanzó con la Tolerancia Cero de alcohol al volante, y busca reforzar ese principio en el transporte profesional de pasajeros, exigiendo a las empresas una responsabilidad directa y fiscalizable antes de liberar cada servicio.
“Quien asume la responsabilidad profesional de conducir un transporte de pasajeros ejerce una función de alto riesgo social, y, por tanto, la verificación de su aptitud psicofísica es una condición inherente a su empleo y habilitación, donde el interés público y la vida de los pasajeros priman sobre el interés particular”, amplió Leguizamón.
El texto del proyecto establece además que las empresas deberán apartar de manera inmediata del servicio a los conductores que arrojen un resultado positivo y crear un Registro de Control Preventivo de Conductores, destinado a transparentar y auditar el cumplimiento efectivo de la norma.
