La vicepresidenta Victoria Villarruel reafirmó su postura crítica hacia el proyecto oficialista que propone la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, al convocar a representantes de la Pastoral Social y Cáritas para dialogar en una reunión informal con senadores. Este encuentro se produjo en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la Iglesia católica respecto a la problemática de la delincuencia juvenil.
Delegados de la Iglesia exponen su posición
Durante la reunión, los delegados de la Iglesia insistieron en que el cambio propuesto no disminuirá los delitos cometidos por menores. Además, abogaron por un abordaje integral que contemple la prevención, la contención en lugares adecuados y el combate a la pobreza y la deserción escolar, como pilares para enfrentar esta problemática de manera eficaz.
Avances legislativos y reclamos de la Iglesia
El encuentro se dio después de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al proyecto y lo remitiera al Senado, donde se prevé su tratamiento la semana que viene. En este sentido, los representantes eclesiásticos reclamaron ser escuchados por los legisladores, destacando su experiencia en el trabajo territorial.
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Relación entre el gobierno y la Iglesia
Mientras el presidente Javier Milei no ha recibido a los obispos en dos años, Villarruel continúa fortaleciendo su vínculo con la Iglesia católica. Recientemente, inauguró un oratorio católico en el Senado.
Carta abierta a legisladores
Los miembros de Pastoral Social y Cáritas presentaron los ejes de una “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, donde plantean que la respuesta penal temprana no es una solución eficaz frente al delito juvenil. En el documento se menciona que la experiencia en otros países muestra que las bajas edades de imputabilidad están asociadas con mayores niveles de violencia.
Condiciones insuficientes para implementar el nuevo régimen
Los representantes subrayan que el Estado no cuenta hoy con las condiciones materiales ni presupuestarias necesarias para llevar adelante un régimen que asegure apoyo integral, atención en salud mental, continuidad educativa y reinserción social. Alertaron que la ampliación de la respuesta penal recaería mayormente sobre los sectores más vulnerables sin abordar las causas estructurales de la violencia.
El desarrollo de los adolescentes y el sistema de protección de derechos
Los representantes también enfatizaron que los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que su cerebro no ha alcanzado la madurez necesaria para evaluar las consecuencias de sus acciones. Por ello, sugieren que los conflictos con menores de 16 años deberían ser manejados por el sistema de protección de derechos, reservando el sistema penal como última instancia.
Propuestas para mayores de 16 años
Para aquellas personas mayores de 16 años que cometan delitos graves, proponen fortalecer mecanismos de justicia restaurativa, un modelo que busca reducir la reincidencia y fomentar la reparación hacia las víctimas y la sociedad.
Advertencias sobre la constitucionalidad del proyecto
En su intervención, advirtieron sobre posibles cuestionamientos a la constitucionalidad del proyecto, argumentando que podría implicar una medida regresiva en materia de derechos humanos y contraria a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Prevención y oportunidades como claves para la sociedad
Finalmente, enfatizaron que “la solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales”, señalando que no solo está en juego una ley, sino el modelo de sociedad que se desea construir.
