En un contexto de debate político intenso, el Senado de la Nación ha aprobado un nuevo aumento salarial para sus miembros, que se hará efectivo a partir de noviembre. Cada senador percibirá más de $10,2 millones brutos, un incremento que reabre la controversia sobre los altos ingresos de los políticos frente a la crisis económica que atraviesa el país.
Detalles del Aumento
Este incremento salarial se implementará mediante un sistema de “enganche” que vincula los salarios de los senadores a los aumentos establecidos para los empleados del Congreso. Cada legislador recibirá su remuneración en 4.000 módulos, desglosados en 2.500 por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, aunque este último no aplica a cuatro senadores.
La reciente paritaria acordada incluye subas del 1,3% en junio, julio y agosto, con un bono de $25.000, y un 1,2% en septiembre, octubre y noviembre, más un bono de $20.000. De este modo, el valor del módulo se actualiza a $2.554, alcanzando una dieta mensual de $10,2 millones antes de impuestos y descuentos obligatorios.
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Reacciones Políticas
La decisión ha generado tensiones políticas. En junio, tras un aumento previo que elevó los sueldos a $9,5 millones, varios bloques de oposición, como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, manifestaron su intención de renunciar a la suba. Los legisladores del kirchnerismo mostraron una postura mixta: algunos, como Fernando Rejal y Alicia Kirchner, optaron por mantener sus salarios.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, intentó distanciarse del tema al permitir que cada senador decida individualmente sobre el aumento. No obstante, la ausencia de consenso para reinstaurar el congelamiento de dietas dejó la cuestión en manos de los senadores. Villarruel había extendido previamente el congelamiento hasta marzo, subrayando que cualquier decisión futura debe ser debatida en el recinto.
Descontento Social
El aumento salarial de los senadores ha despertado críticas en un contexto de ajuste económico, especialmente cuando se contrasta con los $653.000 que percibe un trabajador legislativo de menor categoría. Esta disparidad resalta la percepción de privilegios entre la "casta política" y la mayoría de los argentinos, especialmente considerando que el aumento supera las paritarias de gremios fuertes como los camioneros o metalúrgicos.
El acuerdo salarial fue firmado por Villarruel, el presidente de Diputados, Martín Menem, y contó con el apoyo del titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero. Además, se extiende a los empleados del Congreso, lo que agudiza aún más el debate sobre la justicia de tales incrementos en tiempos de crisis.
