El Juzgado Nacional en lo Comercial N°29, bajo la dirección del juez subrogante Federico Güerri, ha declarado la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA). Desde su fundación en 2019, la empresa se dedicó a la producción de lácteos como yogures, flanes y postres bajo licencia de SanCor. La firma había interrumpido su producción a mediados de este año, arguyendo un proceso de “reordenamiento” que no llegó a concretarse, lo que ha dejado a cientos de familias en situación de vulnerabilidad económica.
Impacto en el empleo y condiciones laborales
Las instalaciones de ARSA, ubicadas en Arenaza (Buenos Aires) y Sunchales (Santa Fe), además de un centro de distribución en Córdoba, contaban con más de 400 empleados. Muchos trabajadores experimentaron demoras en el pago de sus salarios, llegando a cobrar en algunos casos solo el 25% de lo que les correspondía. Asimismo, los aportes para la seguridad social y la obra social no se habían abonado durante más de tres años.
Según relataron empleados de la planta bonaerense, “Nos fueron dejando sin nada. Primero redujeron turnos, después dejaron de pagar, y al final apagaron las máquinas sin dar la cara”.
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La crisis del sector lácteo y el caso ARSA
La quiebra de ARSA es un claro indicador de la debilidad del sector lácteo argentino, que se enfrenta a múltiples desafíos, incluyendo la caída del consumo interno, una sobreoferta de leche cruda, y el incremento de costos en energía y logística. A esto se une la crisis de SanCor, que ha perdido licencias de sus marcas y capacidad de producción en los últimos años. ARSA surgió en este contexto, prometiendo inversiones que nunca se concretaron.
Responsabilidades y reclamos de los trabajadores
La compañía estaba bajo el control de un grupo inversor que incluía a BAF Capital, vinculado a Vicentin, y a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, relacionados con La Suipachense (Maralac S.A.). Hasta el momento, los responsables no han comparecido ante los empleados ni ofrecieron explicaciones sobre la situación financiera de la compañía.
El fallo judicial incluye medidas como la inhibición general de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y la restricción de salida del país del administrador, mientras se inicia la etapa de liquidación del patrimonio.
Demandas de los empleados y acciones del gremio
Los trabajadores exigen prioridad en el pago de sus haberes e indemnizaciones, así como que se investigue la administración de los fondos de ARSA. Desde el gremio ATILRA, se está evaluando la posibilidad de intervenir en el proceso judicial para garantizar que se respeten los derechos laborales. “Lo que ocurrió con ARSA no puede repetirse. No se trata solo de una quiebra: es el resultado de años de irresponsabilidad empresarial y ausencia de controles”, manifestaron representantes del sector sindical.
