La provincia de Buenos Aires ha decidido apelar un embargo por $ 157.164.287.201,64 impuesto por un juez federal, quien instó al gobierno a avanzar en obras destinadas a sanear la contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata será la encargada de resolver esta controversia.
Controversia judicial por el embargo de fondos
A través de la Fiscalía de Estado, el ejecutivo provincial sostiene que la medida del juez en lo Civil y Comercial Federal Alberto Recondo pone en riesgo la autonomía de la provincia. En su resolución, el magistrado determinó que el dinero se inmovilice en una cuenta de la Tesorería General hasta que se acredite el inicio de las obras correspondientes.
En el escrito presentado por Juan Pedro Mendy, abogado de la Fiscalía de Estado, se argumenta que el embargo “consuma una grave transgresión a la garantía de la división de poderes” y cuestiona que el Poder Judicial asuma atribuciones que deberían corresponder a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se menciona que la medida desoyó las decisiones tomadas en la sanción de la Ley de Presupuesto.
Te puedeinteresar
La apelación resalta que “la inmovilización de miles de millones de pesos provoca la virtual paralización de las actividades de la Provincia”, lo que podría generar serios problemas en la prestación de servicios esenciales. Además, se advierte que esta situación coloca a la provincia en riesgo de incumplir con obligaciones críticas.
En el recurso, se cita al propio juez Recondo, quien había reconocido que “la gravedad del daño ambiental generado obliga a adoptar decisiones” que deberían ser competencia de los órganos ejecutivos. El gobierno provincial argumenta que la inmovilización de los fondos públicos es una medida coercitiva que, bajo la apariencia de cautelar, en realidad encierra una sanción económica de gran magnitud.
Para la Fiscalía de Estado, “la resolución judicial no supera el test de razonabilidad”, ya que no hay relación entre los medios empleados y los fines perseguidos. Se concluye que no se deberían trabar embargos que afecten la disponibilidad de fondos destinados a la prestación de servicios públicos, reiterando que la cuestión trasciende el interés de las partes y afecta al de la provincia en su conjunto.
