La Legislatura bonaerense inició el debate de un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio unificado para el transporte privado mediado por plataformas digitales, como Uber y Cabify. La iniciativa, presentada por el diputado Oscar Liberman, tiene como objetivo fundamental garantizar la libertad contractual entre conductores y usuarios, y prohíbe a los municipios imponer restricciones como cupos o tarifas adicionales.
Una regulación única para plataformas digitales
El proyecto de ley plantea que el transporte por plataformas sea considerado una “actividad privada de interés público” y no un servicio público, lo que implica que no se requerirá de licencias estatales ni permisos especiales para su funcionamiento.
Algunos de los lineamientos más importantes incluyen:
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Sin licencias estatales: La actividad no necesitará concesiones ni permisos del Estado.
Marco Legal: Las relaciones se regirán por el contrato de transporte estipulado en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Registro Declarativo: Se creará un Registro Provincial de Plataformas Digitales, de carácter declarado y gratuito, sin que funcione como habilitación previa para operar.
Límites al control municipal
La propuesta enfatiza la prohibición de que los municipios impongan
Tarifas: Los precios serán determinados por la oferta y la demanda ofrecida por la plataforma.
Cupos: No se podrá restringir el número de vehículos o conductores en ninguna zona.
Tasas municipales: No se podrán aplicar contribuciones específicas sobre este tipo de transporte.
En cuanto a la intervención estatal, se limitará a aspectos de seguridad vehicular y documental, como la licencia de conducir, el seguro obligatorio y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). No se exigirán requisitos adicionales que sean propios de servicios públicos.
Armando una normativa en conjunto
Si la ley se aprueba, cualquier normativa municipal que contradiga estos principios deberá ajustarse a lo establecido a nivel provincial. Esto podría solucionar los conflictos legales que surgen en localidades donde los intendentes intentan restringir la presencia de aplicaciones mediante ordenanzas.
El avance del debate en la Legislatura podría reavivar las tensiones con los gremios de taxistas y remiseros, que han clamado por condiciones de competencia equitativas. Para Liberman, el objetivo es modernizar el sistema y otorgar seguridad jurídica a una actividad en uso por millones de bonaerenses.
