La modificación de la Ley de Glaciares ha cobrado protagonismo en el Senado argentino desde el inicio del periodo de sesiones extraordinarias la semana pasada. Este tema genera intensos debates entre el oficialismo y la oposición, con un enfoque especial en la protección de las reservas de agua dulce.
Debate entre La Libertad Avanza y la oposición
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) impulsa la reforma de la normativa, argumentando que la ley actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”. En contraposición, la oposición, en particular Unión por la Patria (UxP), defiende la preservación de la ley para conservar las reservas de agua dulce, el principal objetivo de la normativa actual.
Con la reforma, el oficialismo busca habilitar proyectos vinculados a la megaminería, facilitando así el desarrollo económico, especialmente en los sectores de hidrocarburos.
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El proyecto que presentan limita la protección únicamente a aquellos glaciares que cumplan una función hídrica efectiva y estratégica, permitiendo al mismo tiempo realizar actividades productivas en áreas protegidas. Esta propuesta tiene un respaldo particular en provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde la explotación de Litio y Cobre es un tema candente.
Posiciones enfrentadas entre senadores
Los senadores del bloque de UxP se manifiestan en contra de la iniciativa, aunque se observan divisiones internas en relación a la postura que deben adoptar. Mientras tanto, el bloque peronista, encabezado por el senador José Mayans, mantiene una crítica alineada con sectores sindicales, enfocándose en la protección de los recursos hídricos.
A pesar del cuestionamiento mayoritario en el peronismo, algunos senadores de provincias mineras, como San Juan y Catamarca, impelen una restricción más fuerte en las áreas protegidas para favorecer proyectos de desarrollo. Estos legisladores enfrentan “presión” para modificar la ley debido a que la normativa vigente limita las inversiones en el sector.
El contenido de la ley actual y sus fundamentos
La ley en su versión actual establece una amplia protección para los glaciares y el ambiente periglacial, prohibiendo actividades que pongan en riesgo su integridad, particularmente la minería y la exploración de hidrocarburos en las zonas afectadas. Quienes apoyan la modificación argumentan que la nueva normativa buscaría brindar “certezas técnicas” que compatibilicen el desarrollo económico con la protección ambiental, sin descartar las auditorías necesarias.
Por ahora, el proyecto de reforma enviado por el Government obtenía el dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado el pasado viernes, y se ha establecido que el tratamiento de la reforma será llevado a cabo el 10 de febrero del año próximo.
