El verano se presenta como un desafío significativo para el Gobierno argentino, centrando su atención en el ministro del Interior, Diego Santilli. Las negociaciones en torno al proyecto de modernización laboral se intensifican, especialmente con los gobernadores de las provincias que expresan su preocupación por las consecuencias fiscales de la propuesta.
Gobernadores en alerta por recortes en coparticipación
Los mandatarios provinciales han señalado que las modificaciones sugeridas, en particular en el impuesto a las Ganancias, podrían resultar en fuertes recortes en los ingresos que reciben a través de la coparticipación. La propuesta contempla una reducción de las alícuotas para las sociedades más grandes, además de la exención del impuesto por el alquiler de propiedades con destino a vivienda.
Según un informe del IARAF, se estima que el costo fiscal directo inicial anual de estas modificaciones sería de 0,22% del PBI (equivalente a $1,9 billones anuales). De esta suma, al Gobierno nacional le corresponderían $790.000 millones, mientras que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumarían $1,12 billones.
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En esta reconfiguración, la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Axel Kicillof, enfrentaría una pérdida de 240.000 millones de pesos, siendo la más afectada. Asimismo, provincias como Santa Fe, Córdoba y Chaco también tendrían pérdidas significativas, según el informe de IARAF.
Las provincias se manifiestan en contra de la reducción impositiva
A pesar del argumento oficial que sostiene que la disminución del impuesto a las Ganancias potenciará la rentabilidad y atraerá inversiones, los gobernadores advierten que el impacto del nuevo esquema se produce en un contexto de menores ingresos debido a la caída de la actividad económica. Este entorno genera resistencia ante la propuesta, que redistribuye costos y beneficios.
Aunque las transferencias automáticas a las provincias mostraron un incremento del 1,7% real respecto de 2024, este aumento es considerado insuficiente. El informe de Politikon Chaco destaca que las cifras están por debajo de lo registrado entre 2018 y 2023. Esto ha llevado a un análisis detallado por parte de los gobernadores, quienes observan que el incremento se debe, en gran parte, a compensaciones del Consenso Fiscal de 2017.
Provincias como Catamarca y Mendoza han experimentado aumentos de más del 200% en términos reales, mientras que lugares con gobernaciones en oposición, como Buenos Aires y Santa Fe, han mostrado incrementos de menos del 50%.
Los gobernadores advierten sobre la reforma encubierta
El senador Jorge Capitanich (Fuerza Patria) ha calificado la reforma laboral como una reforma tributaria encubierta, alertando que beneficiaría a un porcentaje muy reducido de empresas, en particular las más grandes, perjudicando a las provincias. Según estimaciones, el costo fiscal de esta reducción alcanzaría los US$2179 millones.
Además, la propuesta incluye otros cambios que impactarían en la coparticipación. Por ejemplo, el artículo 191 sugiere eliminar impuestos internos sobre sectores como telefonía y vehículos, lo que podría implicar un costo fiscal significativo, estimado entre U$S 334 y U$S 548 millones anuales, según cálculos de diferentes fuentes.
El contexto político se complica con la necesidad de negociaciones arduas tanto con la oposición como con los gobernadores. A partir de la segunda quincena de este mes, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios, prevé continuar el diálogo para llevar la iniciativa al recinto a mediados de febrero, consciente de que el capítulo tributario es un punto conflictivo que podría variar en su forma original.
