El ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires ha anunciado un acuerdo significativo con bonistas que contaban con sentencias firmes en las Cortes de Nueva York. Este desarrollo está en línea con las negociaciones previas de reestructuración de deuda llevadas a cabo en 2021, lo que marca un avance en la resolución de los litigios que afectan a la provincia.
Contexto del Acuerdo
El Gobierno de Axel Kicillof también ha firmado recientemente desistimientos en juicios iniciados en Alemania, lo que permite cerrar todos los procesos judiciales pendientes relacionados con los bonos no canjeados durante la reestructuración de 2021.
El ministro de Economía, Pablo López, destacó la importancia de este acuerdo, calificándolo como un “hito más en el camino iniciado en 2020”. Este proceso se orienta hacia la sostenibilidad y la responsabilidad en administración de la deuda pública, destacando los beneficios que ello conlleva para la provincia y sus ciudadanos.
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Antecedentes de la Deuda
La gestión de deuda de la provincia se ha tornado crítica desde 2016, cuando el stock de deuda aumentó considerablemente, producto de emisiones en el mercado internacional que superaron los 5.000 millones de dólares. Este incremento llevó a que los servicios de deuda representaran cerca del 20% de los recursos provinciales en 2019, un salto alarmante desde el 10% de 2016.
Frente a esta situación, la reestructuración de deuda culminó exitosamente en 2021, cuando la provincia logró canjear el 97,66% del capital soberano en circulación bajo ley extranjera. Esto permitió que se ajustara el perfil de vencimientos, sosteniendo la capacidad de pago del gobierno provincial.
Detalles del Nuevo Acuerdo
El reciente acuerdo fue alcanzado mediante un proceso de mediación donde ambas partes trabajaron de buena fe para lograr una solución beneficiosa. Las condiciones son similares a las del canje de 2021. Los bonistas recibirán la misma cantidad de bonos A en dólares con vencimiento en 2037 y un efectivo equiparable a los servicios pagados desde 2021 hasta la fecha.
Fuentes gubernamentales afirmaron que este acuerdo completa casi en su totalidad el proceso iniciado en 2020, manteniendo el compromiso del gobierno con la financiación sostenible y evitando nuevos conflictos judiciales.
