El Poder Ejecutivo Nacional acaba de derogar el Decreto 2417/1993, que establecía un sistema de supervisión sobre los aumentos de matrículas en escuelas privadas de Argentina. Esto ha generado incertidumbre respecto a las implicaciones para los colegios que reciben subsidios del Estado, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde gran parte de estas instituciones dependen de apoyos estatales.
Aclaraciones de la DGCyE
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires ha emitido un comunicado aclarando que la derogación del decreto nacional no afectará a las escuelas privadas que reciben aportes estatales. Estos colegios seguirán teniendo sus aranceles sujetos a autorización y control de la dirección provincial, lo que implica que los aumentos de matrículas deben ser previamente aprobados.
En la provincia, más del 70% de los colegios privados cuentan con subvención estatal y, por ende, continuarán bajo la normativa vigente en cuanto a topes y supervisión de precios.
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Situación de las Escuelas sin Subsidio
Por otro lado, las instituciones que no reciben aportes estatales quedan ahora bajo un nuevo esquema de desregulación, lo que les permite fijar libremente sus cuotas y matrículas. Hasta ahora, todas las escuelas, subsidiadas o no, debían presentar informes anuales sobre sus aranceles. Con la nueva disposición, las escuelas sin subsidio estarán exentas de esta obligación, lo que representa un cambio significativo en su funcionamiento.
La DGCyE ha reafirmado que "toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales", asegurando que el control sobre el sistema educativo privado continuará en su mayor parte.
La postura de AIEPA
En respuesta a estos cambios, la Asociación de Institutos Privados de Argentina (AIEPA) ha expresado su apoyo a la derogación del decreto. El secretario ejecutivo de la AIEPA, Martín Zurita, afirmó que esta medida introduce "condiciones de mayor flexibilidad" para las escuelas sin aporte estatal, lo cual es visto como un paso hacia la modernización de la normativa que afectaba a este sector.
Zurita también manifestó que, durante más de 30 años, la normativa vigente había impuesto procedimientos burocráticos ineficaces que generaban incertidumbre tanto para las instituciones educativas como para las familias.
