El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, resolvió que Javier Milei, actual presidente de Argentina, no deberá eliminar un tuit en el que fue vinculado con la situación de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo. Esta decisión surge a raíz de una solicitud presentada por la familia del menor, quienes consideraron que el mensaje del mandatario era perjudicial.
La Decisión del Juez
En su fallo, Recondo aclaró que no había lugar para la supresión del tuit ni para la prohibición de futuros mensajes. El magistrado argumentó que, aunque Milei usó una cuenta pública con tilde gris, esta no se considera un canal oficial de comunicación del gobierno. Además, el juez subrayó que el presidente tiene el derecho a expresarse como ciudadano, y que su tuit no tenía como objetivo a Ian Moche, sino al periodista Paulino Rodrigues, quien lo entrevistaba.
Libertad de Expresión
El juez reforzó su decisión citando precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos, que establece que los funcionarios públicos, al asumir su cargo, no renuncian a sus derechos como ciudadanos, especialmente al derecho a la libertad de expresión. Recondo destacó que los funcionarios pueden actuar como ciudadanos privados en cuestiones públicas, independientemente de su posición oficial.
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“La libertad de expresión protege al funcionario público cuando habla como ciudadano, incluso sobre temas de interés público”, afirmó el magistrado. En este contexto, el juez concluyó que Milei tenía el derecho de expresarse sin que ello fuese considerado un acto institucional.
Intervención del Fiscal
En el mes previo a esta resolución, el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía había indicado que el asunto debía ser tratado en la justicia federal, pero no se pronunció sobre el fondo del planteo. Recondo, no obstante, enfatizó que el comportamiento del presidente, incluso en redes sociales, no siempre se debe interpretar como parte de sus funciones oficiales.
“Un tuit como el cuestionado no se puede considerar un ‘acto estatal’”, agregó, dejando claro que es fundamental determinar si el niño había sido herido directamente, lo que en este caso no fue así.
La decisión del juez representa un importante precedente en el manejo de la libertad de expresión de los funcionarios públicos en el ámbito digital, así como la protección de los derechos individuales frente a las acciones de figuras políticas.
