La Justicia de la provincia de Buenos Aires ha decidido mantener la vigencia de los radares de fotomultas, tras un análisis exhaustivo relacionado con un supuesto esquema de corrupción que implicaba coimas. Esta noticia surge en un contexto de preocupación general por la transparencia en la gestión del tránsito y la recaudación de infracciones.
Decisión Judicial
El fiscal federal Álvaro Garganta y el juez de garantías Juan Pablo Masi confirmaron que no se han ordenado medidas cautelares que impidan a la provincia y a los municipios recaudar a través de las multas generadas por estos dispositivos. De este modo, los radares seguirán operando en monitorización de infracciones como el exceso de velocidad.
Contexto de la Investigación
Todo esto ocurre en medio de una investigación que se abrió luego de la renuncia de Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte provincial, a raíz de las denuncias sobre un posible uso indebido de los ingresos generados por las fotomultas. Esta situación había despertado inquietudes sobre la transparencia y la ética en la administración pública.
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Operación de los Radares
Los radares en cuestión fueron provistos por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra). Desde dicha cámara, se ha asegurado que han cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos, garantizando que los equipos instalados operan dentro de los marcos legales establecidos.
Conclusiones Judiciales
Según la resolución del juez Masi, no hay restricciones vigentes que impidan la recaudación de fondos a través de infracciones registradas por los cinemómetros. Esta decisión brinda un respiro a las autoridades locales, que podrán continuar con sus programas de control de tránsito sin interrupciones.
