Un trágico suceso sacude a la provincia de Neuquén, donde un hombre ha sido acusado de asesinar a su bebé de 39 días. La investigación inicial revela que el niño sufrió diversos golpes en diferentes partes del cuerpo, lo que provocó su muerte en el hospital de Centenario. Este caso pone de manifiesto cuestiones profundas sobre la violencia en el ámbito familiar y ha llevado a la detención y posterior imputación del padre.
Imputación y Detención
El hombre, identificado con las iniciales M.E.M, fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Durante la audiencia, el fiscal del caso, Andrés Azar, junto a la asistente letrada Carolina Gutiérrez, formularon los cargos, argumentando que todas las agresiones sufridas por el bebé fueron lo suficientemente graves como para causarle la muerte.
Las autoridades determinaron que el crimen tuvo lugar el sábado entre las 6 y las 12.50 en el hogar donde convivía M.E.M con su pareja y otros hijos menores. Según la investigación, el acusado propinó una cantidad considerable de golpes de puño al bebé, según el informe del Cuerpo Médico Forense.
Contexto Familiar y Testimonios
El fiscal Azar también mencionó que hay indicios de que la madre del bebé podría tener algún grado de participación en el hecho. La mujer insinuó que la muerte del niño se debió a una caída, una explicación que no concuerda con las lesiones presentadas. Hasta el momento, no se le han formulado cargos, pero se le ha designado un abogado defensor.
La defensa de M.E.M argumentó que el fallecimiento del bebé fue el resultado de un accidente y que el acusado jamás había agredido a sus hijos. Sin embargo, testimonios de testigos sugieren que la madre vivía en un entorno de violencia por parte del acusado, lo que añade complejidad al caso.
Medidas Cautelares
El juez de garantías Marco Lupica Cristo ha respaldado la formulación de cargos y ha ordenado que M.E.M permanezca en prisión preventiva por un plazo inicial de seis meses. Esta decisión se tomó en consideración del riesgo de que el acusado pueda entorpecer la investigación o fugarse.
La investigación tiene un plazo establecido de cuatro meses, periodo en que se evaluará la continuidad de la prisión preventiva y se recopilarán más pruebas y testimonios. La situación genera preocupación en la comunidad y reafirma la necesidad de abordar la violencia familiar con la seriedad que merece.
