Las escuelas de gestión privada que brindan educación a estudiantes con discapacidad se encuentran en una situación crítica debido a la falta de actualización de los valores que regulan sus aranceles. La Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) ha manifestado su apoyo al proyecto de ley que busca declarar la Emergencia en Discapacidad, alertando sobre las posibles consecuencias en la inclusión educativa.
Desfase económico y dificultades financieras
La referente de educación especial en AIEPA, Laura Giorgi, indicó que existe un desfase superior al 70% entre los aranceles actuales y la inflación acumulada. “Mientras nuestros costos, como los salarios docentes, siguen aumentando, nuestros ingresos permanecen congelados”, puntualizó Giorgi, subrayando la crítica situación económica que enfrentan estas instituciones.
La Superintendencia de Servicios de Salud contribuye a agravar el problema, demorando hasta 90 días en liquidar las prestaciones. Esta situación dificulta el pago de sueldos y la adquisición de insumos esenciales, llevando a muchas escuelas al borde del colapso financiero.
Afectación a la educación inclusiva
La problemática no se limita a las escuelas especiales; también afecta a alumnos con discapacidad que asisten a instituciones comunes. La demanda de apoyos, como maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos y psicopedagogos, es alta, pero estos profesionales enfrentan dificultades para trabajar debido a la falta de condiciones mínimas. “Están desbordados o directamente no pueden desempeñarse”, advirtió Giorgi.
Historia de crisis
El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Esta decisión, sumada a los atrasos en los pagos y la inflación, ha llevado a muchas instituciones a reducir servicios o considerar su cierre.
AIEPA señaló que las escuelas ya operan con un déficit estructural. “Las actualizaciones siempre quedaron por debajo de la inflación, y el deterioro se fue acumulando. Las escuelas sobreviven haciendo malabares financieros”, afirmaron desde la entidad.
Riesgos ante la inacción
Si no avanza la ley de Emergencia en Discapacidad, las escuelas continuarán sin poder afrontar sus costos operativos. Esto no solo implica un riesgo de cierre y pérdida de puestos de trabajo para docentes y personal especializado, sino que también pone en peligro el derecho a una educación digna para miles de niños y jóvenes con discapacidad en todo el país.
