La temporada alta de paritarias 2026 ya comenzó, marcando el inicio de las negociaciones salariales que se extenderán durante el año. Sin embargo, el Gobierno enfrenta una etapa desafiante al estar en proceso de elaboración del decreto reglamentario de la reforma laboral, por lo que decidió posponer la apertura de acuerdos por empresa o región, como es reclamado por el sector empleador.
El contexto de la nueva paritaria
La Casa Rosada considera que ciertos artículos de la reciente Ley 27.802 de Modernización Laboral no requieren reglamentación inmediata. Estos incluyen la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos y la reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales. No obstante, otros aspectos, como la formación de sindicatos de empresa y los convenios por región o empresa, necesitarán un desarrollo más exhaustivo antes de su aplicación.
Un primer ejemplo de esta realidad fue la paritaria acordada el pasado viernes por el Sindicato de Camioneros. Hugo Moyano, líder del sindicato, había demandado un aumento del 8% para compensar las pérdidas debido a la inflación y se opuso a mejoras con vigencia superior a la trimestral, buscando evitar futuros desfases.
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Desafíos para el Gobierno y los empresarios
Esta situación genera preocupaciones tanto en el Gobierno como en algunos empresarios del interior. Estos últimos solicitaron a la Secretaría de Trabajo la apertura de negociaciones a nivel regional o de empresa. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo fue negativa, argumentando que “la ley no está reglamentada, por lo que no es plenamente operativa en ese punto”, advirtieron los funcionarios encargados.
Algunos empresarios temen que el Gobierno esté retrasando la reglamentación por presión de la CGT, que busca influir en su redacción para atenuar disposiciones que podrían resultar perjudiciales para el poder sindical. A su vez, los dirigentes gremiales se muestran alarmados por la intención del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, de mantener nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%. Este clima anticipa un aumento en la conflictividad sindical.
Medidas y acuerdos salariales ya en marcha
El Ministerio de Trabajo ha amenazado nuevamente con no homologar convenios que excedan el tope salarial. La inflación de febrero alcanzó el 2,9%, lo que añade presión a las negociaciones. Caputo, anticipando futuros ajustes, afirmó que “si no es en agosto, será en septiembre u octubre” la cifra de inflación podría romper la barrera del 1% mensual.
Entre los convenios que ya han comenzado a generarse controversia se encuentra el de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour, quien obtuvo un aumento del 9,5% para el trimestre de febrero a abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%, cifras que superan las proyecciones inflacionarias.
Implicancias del acuerdo de Camioneros
Ante este panorama, el Gobierno está observando de cerca el acuerdo alcanzado por Camioneros, que podría tener un efecto contagio en otras paritarias. A pesar del protagonismo de Pablo Moyano y una aparente tregua con su padre, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se mostró conforme con que se acordara un incremento semestral por debajo de la inflación, contraviniendo así la demanda inicial de Hugo Moyano.
Con la justificación del retraso en la promulgación del decreto reglamentario de la reforma laboral, no se prevé una posibilidad inmediata de eludir el convenio por actividad, lo que refuerza el poder de los gremios como Camioneros en las negociaciones y les permite mantener los derechos para representar a todos los trabajadores del sector.
A la luz de la situación económica actual, que se caracteriza por una fuerte caída del consumo y un aumento de locales comerciales vacíos (un 38,5% más en enero y febrero en comparación con el mismo período de 2025), el futuro de las paritarias y de la economía en general se presenta incierto. No obstante, la administración actual podría beneficiarse del momento, dado que la CGT se encuentra relativamente inactiva y las protestas del sector más duro, como el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), aún no tienen suficiente fuerza.
