Este jueves, la emblemática causa de los Cuadernos dio inicio formal a su etapa de juicio oral, marcando un hito en la historia judicial argentina. La ex presidenta Cristina Kirchner se sentará en el banquillo, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho, junto a 86 imputados que incluyen ex ministros de su gobierno y destacados empresarios.
Un caso sin precedentes
La fiscal general Fabiana León caracterizó esta causa como “la investigación de hechos de corrupción más extensa” en la historia del país. De esta manera, se pone de manifiesto la magnitud del proceso judicial, que busca esclarecer un entramado de corrupción que involucra al más alto nivel del gobierno.
Detalles del juicio
El Tribunal Oral Federal Nº 7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, será el encargado de llevar a cabo las audiencias, las cuales se prolongarán durante al menos tres años. Esta primera etapa comenzará con audiencias los jueves, con posibilidad de un segundo día por semana a partir de marzo de 2026.
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Acusaciones y figuras implicadas
La acusación sostiene que existió una operación organizada de recaudación de fondos de empresas contratistas a cambio de obras públicas. Las imputaciones varían desde asociación ilícita hasta cohecho, dádivas y encubrimiento.
Entre los acusados, se encuentran figuras relevantes como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, además de ejecutivos de empresas de construcción y energía, incluidos Angelo Calcaterra y Aldo Roggio.
Situación de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner participará del juicio desde su arresto domiciliario, dado que fue condenada previamente a seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad, sentencia que fue homologada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las declaraciones indagatorias de los acusados están previstas para finales de este año, posiblemente tras la feria judicial en enero. Este proceso no solo representa un desafío legal significativo, sino que también tiene el potencial de cambiar el rumbo del sistema político argentino.
