ATE busca frenar despidos masivos en el INV mediante la Justicia
El sindicato de trabajadores ATE ha presentado un recurso judicial para revertir lo que considera un ajuste drástico en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Esta acción surge como respuesta a la reciente ola de despidos y a la reducción significativa de personal que ha afectado a la institución en los últimos años.
Más despidos y un ajuste del 24%
Desde 2015, la plantilla del INV ha disminuido en un 24.3%, cayendo de 620 a 459 empleados a fines del 2024. A pesar de esta reducción, ATE denuncia que el gobierno federal continúa implementando despidos adicionales. Para 2025, se prevé que la dotación total del INV baje a 423 agentes, con estimaciones que apuntan a un descenso a 403 agentes para el 2027, en el contexto de recortes a las funciones de control del organismo.
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A qué apunta el amparo por el INV
Los sindicalistas indican que los despidos de la semana pasada, que afectaron a empleados con hasta 35 años de antigüedad, forman parte de un "plan B" del gobierno ante la posibilidad de que el Congreso derogara decretos previamente establecidos. Según argumentan, aprovecharon una "ventana legal" antes de la reglamentación de dicha derogación.
El recurso judicial, presentado por ATE, replica una acción similar llevada a cabo por la Asociación del Personal de INTA contra el decreto 462, que buscaba la reducción de organismos autárquicos, poniendo en riesgo también al INV.
Contra los despidos y "vaciamiento" del INV
El recurso solicita declarar la nulidad e inconstitucionalidad de varios artículos de los decretos 462/2025 y 585/2025, así como de una resolución del Ministerio de Economía. Según el documento de 127 páginas, firmado por Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, estas medidas representan una "desviación de poder" y un "vaciamiento" del INV.
Los abogados de ATE también argumentan que se vulnera el derecho al trabajo y la estabilidad del empleo público, tal como establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, incluyeron en sus argumentos la inconstitucionalidad de la controvertida ley Bases (27.748), que les otorga al gobierno facultades que, según ATE, violan derechos laborales y sindicales. El sindicato ahora espera que la justicia falle a favor de una medida cautelar que suspenda cualquier acción administrativa relacionada con los despidos.
