El expresidente Alberto Fernández amplió su declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la investigación por presunto fraude en la contratación de seguros durante su mandato. Ante el juez federal Sebastián Casanello, Fernández negó cualquier participación en irregularidades y solicitó su sobreseimiento.
Imputaciones y defensa
Fernández enfrenta acusaciones de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con su función pública. Durante la audiencia, su defensa presentó nuevas pruebas y solicitó la citación de exfuncionarios relevantes, entre ellos Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Miguel Pesce, para corroborar su versión de los hechos.
Un comunicado de su entorno destacó que el expresidente consideraba necesario reafirmar su ajenicidad respecto a las acusaciones, argumentando que el decreto 823/2021, que es clave en el caso, actuó como una protección del patrimonio estatal y no como una maniobra delictiva.
Vínculos y contratos sospechosos
Fernández también abordó las especulaciones sobre su relación con Héctor Martínez Sosa, un broker involucrado en el caso. Aclaró que lo conoce desde hace años, pero negó haberle otorgado beneficios durante su gestión, subrayando que Sosa ya trabajaba con el Estado antes de su mandato.
La causa se centra en la posible dirección de contrataciones obligatorias de seguros a Nación Seguros SA, utilizando intermediarios que habrían cobrado comisiones millonarias. Hasta ahora, se analizan 45 contratos y la participación de 25 brokers, incluyendo a Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, como un posible testaferro.
Avance de la investigación
El juez Casanello, quien asumió esta causa tras la salida de Julián Ercolini, todavía no ha decidido si procederá con el procesamiento de Fernández. La investigación cuenta con un exhaustivo informe de 600 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detalla las conexiones entre funcionarios y empresarios durante el período en cuestión.
La pesquisa se encuentra en una fase decisiva, donde el magistrado evaluará si hay suficientes elementos para avanzar en un procesamiento o si dictará el sobreseimiento del exmandatario.
