En un patio del centro cultural de La Plata, las voces de tres mujeres resuenan con un eco de valentía. Este lunes 5 de enero, las denunciantes de abusos sexuales comienzan a romper el silencio que las acompañó durante años, en un contexto marcado por la denuncia de violaciones en el propio Senado de la provincia de Buenos Aires.
Denuncias de abusos en el Senado
La causa, caratulada “abuso sexual con acceso carnal”, revela que parte de los ataques se habrían perpetrado en la oficina 007 del edificio del Senado. Allí, la investigación obtuvo como resultado la detención de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente y vinculados al Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación política kirchnerista.
Las tres mujeres, que hablan a cara descubierta pero con sus identidades protegidas, relatan haber sido víctimas de una trama de abuso y manipulación. No hay cámaras ni fotos. Tampoco nombres. La gravedad de las acusaciones y el contexto institucional de los hechos convierten este caso en un punto de atención nacional.
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Victimas jóvenes con un pasado militante
De las tres denunciantes, dos son menores de treinta años y una apenas los supera. Provenientes de sectores populares y de clase media, se acercaron a la política con el objetivo de transformar la realidad. Sin embargo, nunca imaginaron que sus ideales se verían empañados por un ciclo de abuso y silencio.
La detención de los acusados, el 29 de diciembre de 2025, marcó un cambio significativo en sus vidas. “Sentimos que volvimos a vivir”, afirman, reflejando la liberación que sintieron al comenzar a hablar.
Un entramado de poder y abuso
Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, detenidos y procesados en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata, fueron líderes del Movimiento Ciudadano La Capitana y desempeñaron roles de conducción política. La investigación sugiere que Rodríguez, quien trabajó como docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, captó al menos a una de las víctimas en ese contexto.
Los abogados de las víctimas, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, sostienen que hubo un patrón de captación a través de la militancia, ofreciendo promesas de inserción laboral y exigiendo una parte del salario para tareas militantes. Esta dinámica creó una relación asimétrica de poder, que las denunciantes describen como sometimiento.
La lucha por justicia
Las tres mujeres coinciden en que guardaron silencio durante años, impulsadas por el miedo y la desconfianza en el sistema judicial. A pesar de los obstáculos, han logrado avanzar en el proceso judicial, encontrando en la detención de sus agresores un respiro.
“Sabemos que no somos las únicas”, aseguran, reclamando que otras víctimas se atrevan a hablar. Con la firme intención de que la Justicia actúe, buscan que nadie más tenga que atravesar experiencias similares.
En el silencio que sigue al relato, las mujeres se abrazan. Con la esperanza de que se les escuche y crea su verdad, el eco de sus testimonios se transforma en un llamado a la acción, teniendo en cuenta que el Senado bonaerense continúa en pie a pocos metros de donde se encuentran.
