En un contexto de ajustes económicos, el Gobierno de Javier Milei ha implementado modificaciones que han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Entre estas, se encuentra la recentísima reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo crucial para la identificación de nietos desaparecidos durante la última dictadura militar. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, liderada por Estela de Carlotto, ha decidido actuar ante esta situación.
Las modificaciones al BNDG
El Decreto 351/25, firmado por Javier Milei el 22 de mayo, ha retirado al BNDG su autonomía y autarquía, lo que implica que el organismo ya no puede administrar sus recursos de manera independiente. Ahora, su funcionamiento depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, conocida por sus recortes presupuestarios, lo que podría comprometer la continuidad de su labor.
Abuelas de Plaza de Mayo ha denunciado que esta modificación "obstaculiza, burocratiza y ralentiza" el trabajo del banco de datos, enfatizando que el BNDG “no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar”.
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La reacción de Abuelas de Plaza de Mayo
Frente a esta situación, Abuelas ha presentado una solicitud ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, para que declare la nulidad e inconstitucionalidad del mencionado decreto. Este pedido es fundamental para restablecer las condiciones previas del BNDG.
Además, la organización ha solicitado que se preserved todas las muestras biológicas y el equipamiento del BNDG, instando a la Justicia a realizar una copia de las muestras genéticas para su resguardo.
Demandas adicionales
Abuelas de Plaza de Mayo también ha pedido que se prorrogue el mandato de la actual directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, y que el Gobierno Nacional se comprometa a garantizar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo.
A través de un comunicado, enfatizaron que “nunca bajarán los brazos” y reafirmaron su compromiso en la búsqueda de los 300 nietos que aún faltan por encontrar, demandando al Estado la continuidad de políticas públicas que faciliten su tarea.
