El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha denunciado una significativa deuda por parte del Gobierno nacional, cifrada en $ 12,1 billones, la cual afecta diversas áreas, incluidas obras públicas y programas sociales. Acompañado por altos funcionarios, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anunció la intención de presentar un nuevo reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de estos pagos pendientes.
Detalle de la Deuda
Bianco expuso que esta abultada cifra se divide en deudas directas que suman $ 3,04 billones, saldos de obras públicas comprometidas que ascienden a $ 6,90 billones, y una deuda adicional de $ 2,16 billones atribuida a la paralización de programas nacionales. En la misma línea, destacó que la provincia realizó un pedido formal en abril de 2024, pero no ha recibido avances significativos en la causa correspondiente.
Impacto en Obras Públicas
Durante la conferencia de prensa, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, criticó duramente la gestión del presidente Javier Milei, afirmando que se han frenado mil obras en la provincia y que se ha desviado el dinero recaudado a través de impuestos, aproximadamente $ 3,6 billones en el periodo de 2024 y el primer semestre de 2025, que debían destinarse a infraestructura. Katopodis señaló que la falta de acción en este sentido ha generado un impacto negativo considerado “muy costoso” de revertir.
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Informe Sobre Deudas
La administración provincial publicó un informe detallado que categoriza la deuda del Gobierno nacional. Este informe, estructurado por organismo y tipo de fondo, revela la magnitud del problema financiero que enfrenta la provincia de Buenos Aires.
- Deudas directas: Alcanzan los $ 3 billones e incluyen transferencias de la ANSES, compensaciones del Consenso Fiscal, y fondos para salud y educación.
- Obras públicas no saldadas: Sumando $ 6,9 billones, se refieren a programas de vivienda y proyectos educativos y de infraestructura urbana.
- Deuda adicional: Estimada en $ 2,2 billones, abarca programas paralizados como Acompañar y Potenciar Trabajo, entre otros.
Este informe busca visibilizar no solo las cifras, sino también el impacto social y territorial que conllevan las obligaciones incumplidas por parte del Gobierno nacional.
