La Fiscalía de San Carlos de Bariloche, liderada por Fernando Arrigo, ha decidido apelarla prisión domiciliaria concedida a Rudnev Konstantin, señalado como líder de una presunta organización con fines de trata de personas en Río Negro. La medida genera un alto interés en la comunidad y plantea interrogantes sobre el manejo judicial de delitos graves.
Argumentos de la Fiscalía en la apelación
La apelación del Ministerio Público cuestiona una resolución del 23 de abril, firmada por los jueces de Revisión del Distrito General Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano. Dichos magistrados decidieron, de forma parcial, conceder el arresto domiciliario en una residencia en San Vicente, provincia de Buenos Aires, a pesar de la gravedad de las acusaciones.
Las condiciones impuestas al acusado incluían uso de tobillera electrónica, una caución de $30 millones, y prohibiciones de contacto con las víctimas. Sin embargo, la fiscalía advierte que esta decisión es “arbitraria” y que la valoración de la evidencia fue “fragmentada y errónea”.
Te puedeinteresar
Obstáculos en el control del arresto domiciliario
Uno de los puntos más críticos planteados por la fiscalía es la naturaleza del control mediante la tobillera electrónica, que solo permite verificar si el imputado permanece en el domicilio, pero no el tipo de contacto que podría establecer. Además, se indicó que el domicilio propuesto se encuentra a más de 1.400 kilómetros del tribunal que sigue el caso.
También se denunció que el imputado compartiría la vivienda con una mujer que fue objeto de investigación, aunque no imputada, complicando aún más la situación.
Precedentes de Rudnev Konstantin y riesgo de fuga
La fiscalía recordó que Rudnev Konstantin cuenta con una condena anterior en Rusia a 11 años de prisión por delitos de abuso sexual, violencia sexual y tráfico de estupefacientes. Además, durante su detención en el aeropuerto de Bariloche, se intentó huir e incluso se autolesionó.
A medida que se espera una resolución, la defensa del imputado, a cargo de Martín Sarubbi, ha presentado un habeas corpus correctivo debido a la demora en el proceso de traslado hacia la prisión domiciliaria. Sarubbi argumenta que la prolongación del encarcelamiento es un agravante ilegítimo que demerita las condiciones de su cliente.
En respuesta a esta situación, la defensa critica la falta de acción de las autoridades judiciales para concretar el traslado, lo que ha llevado la tensión en este caso a niveles significativos, a la espera de una decisión judicial definitiva.
