La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires apeló ante la Cámara Federal el embargo de $157.164.287.201,64 que, de ejecutarse, paralizaría el gobierno de Axel Kicillof. En el escrito, se denunció que la medida judicial representa una “grave violación de poderes” y un perjuicio desproporcionado que coloca al gobierno bonaerense “en un riesgo serio” para cumplir con sus obligaciones en salud, educación y seguridad.
El juez federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de La Plata N°4, Alberto Recondo, concedió este viernes la apelación al tribunal de alzada para “no entorpecer el trámite” de la cuestión de fondo.
El pasado 9 de marzo, el magistrado había intimado al gobierno bonaerense a poner en marcha obras destinadas para atender la grave contaminación cloacal e industrial que afecta la cuenca conformada por el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata. Después de varios recursos y una mora de años, y tras una inspección ocular, Recondo dictó una resolución el 9 de marzo que inmovilizaba la suma billonaria. Solo podría liberarse cuando la provincia acredite el inicio del proyecto de saneamiento.
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Ante semejante medida, y en una presentación de 16 páginas, la Fiscalía bonaerense rechazó la instrucción judicial al señalar que vulnera “la autonomía de la Provincia de Buenos Aires garantizada por la Constitución” y la calificó como una “grave intromisión” a los otros poderes del Estado.
“No caben dudas de que la decisión de un juez federal que se entromete en la distribución de los recursos presupuestarios de la Provincia de Buenos Aires, incautando sumas millonarias hasta tanto la Provincia acredite el inicio de las obras en cuestión, violenta lo resuelto por los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales a través de la sanción de la Ley 15.557, y contiene una gravedad institucional que carece de antecedentes”, señala el escrito presentado por el abogado Juan Pedro Mendy.
Con la apelación, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata deberá decidir si mantiene o levanta el embargo que pesa sobre las cuentas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La defensa bonaerense adelantó que, en caso de no prosperar esa vía, reclamará ante la Corte Suprema invocando un “caso federal”.
“La medida decretada coloca a la Provincia en el riesgo serio y concreto de incumplir con la prestación de servicios críticos e impostergables para la población, entre ellos salud, educación, seguridad, asistencia alimentaria, protección de la niñez, infraestructura social y atención de múltiples situaciones urgentes, como las derivadas de fenómenos climáticos”, remarca la apelación.
Reproches a Nación
En sus fundamentos, Mendy subrayó la “desmesura” de la medida resuelta y recordó que la provincia se encuentra en emergencia económica desde 2022 con un “cuadro de severa restricción fiscal derivado tanto por la profunda recesión económica como del incumplimiento, mora y/o detracción, por parte del Estado Nacional, de las transferencias automáticas y no automáticas que, por ley y acuerdos vigentes, corresponden a la Provincia de Buenos Aires”, en una referencia a los litigios de la gestión de Axel Kicillof con el gobierno de Javier Milei.
Por lo tanto, admitió que la resolución “transgrede directamente los límites” y agrava la situación, poniendo en jaque la marcha de la administración bonaerense, ya que la provincia se quedaría sin fondos esenciales por un plazo de 26 meses. Y legitimó el planteo en jurisprudencia de la Corte Suprema, donde se señala que “los jueces están llamados a juzgar, no a administrar ni a fijar ni a revisar la política económica de los poderes políticos”.
En este marco, Mendy planteó que el embargo fue dispuesto de oficio, y utilizado “con finalidad punitiva” y no preventiva.
El reclamo ambiental se remonta al año 2020 y fue impulsado por Iván Vigo Mariño y el abogado Aníbal Falbo. Los demandantes exigen al gobierno bonaerense, a la proveedora ABSA y al municipio de La Plata que se ponga fin al daño ambiental provocado a la cuenca hídrica afectada.
La Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aportó pruebas concluyentes en el expediente del “grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios.”
Antes de que se decretara el embargo, pese a sucesivas medidas cautelares, la Provincia no ejecutó acciones para remediar la contaminación generalizada con un plan integral.
En su última presentación, la Fiscalía de Estado señaló que las obras previstas en el “Proyecto para el Tratamiento y Disposición Final de los Líquidos Cloacales de las Ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada”, propuesto en el año 2022, representaban la suma de USD 245.997.956,94, lo cual solo es realizable si accede a financiamiento internacional.
En los años anteriores, se informó que el gobierno bonaerense presentó una solicitud a organismos como el Banco Mundial, pero la tramitación se frenó en 2024 tras el recambio político en el Poder Ejecutivo. Desde entonces, no hubo respuesta del Ministerio de Economía al pedido del mencionado aval.
En este contexto, el demandante Vigo Mariño contestó la apelación y citó jurisprudencia de la Corte Suprema y fallos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo a que los jueces intervengan con “particular energía” en causas donde se debaten derechos colectivos ambientales.
“En este caso, la justicia no es espectadora y debe actuar con una particular energía para cumplir la Constitución. No solo por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, sino por virtud de la jurisprudencia de la Corte Federal”, señala el escrito de Falbo, presentado anoche.
En la inspección ocular del 9 de marzo, el juzgado de Recondo verificó que continuaba el vertido constante de líquidos de ABSA hacia el Arroyo el Gato. El procedimiento comprobó un funcionamiento defectuoso de la instalación de descarga y la falta de tratamiento de los efluentes, que “evidencian estado de abandono”. También había “acumulación de importantes cantidades de residuos variados, como también la constante presencia de fuerte olor cloacal a lo largo y ancho del curso de agua”, dice el informe.
En la zona lindera al “Barrio Nuevo”, se constataron tareas de limpieza entre las calles 514 y Avenida 1, aunque eran realizadas por “un grupo reducido de personas con escaso equipamiento, que manifestaron pertenecer a una cooperativa”.
La persistencia de la contaminación conllevó a Recondo a insistir con medidas de saneamiento, e instruyó a la UIDET a que evalúen qué debería poseer un “sistema eficiente de retiro mecánico de los residuos sólidos urbanos existentes en el cauce y los márgenes del Arroyo el Gato”. Son máquinas e instrumentos que se utilizan para el saneamiento de la cuenca del Riachuelo que se implementaron a partir de la mega causa “Mendoza.”
Chicanas y amenazas en la causa
Días atrás, el juez Recondo ordenó embargar una cuenta de la Tesorería General de la provincia en el Banco Provincia y dispuso que, si los fondos allí no alcanzan, el embargo se extienda a cualquier otra cuenta de la provincia de Buenos Aires.
Antes de ese requerimiento, hubo un cruce en los expedientes que dejó de manifiesto la creciente tensión en la causa. Es que el magistrado no precisó sobre qué cuenta debía aplicarse el embargo, e instruyó esa medida de forma genérica. El fiscal de Estado, Hernán Gómez, presentó un escrito que, de concretarse la medida en esas condiciones, consideraría denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Ante el planteo, el juez Recondo respondió que “se abstenga” de realizar amenazas.
Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Daniela Vilar, no respondió a las consultas de Infobae sobre el reclamo por contaminación.
