El Senado de la provincia de Buenos Aires se encuentra en la antesala de un importante avance en la designación de 206 funcionarios judiciales, que incluye jueces y defensores. Este acuerdo, resultado de negociaciones entre el oficialismo y la oposición, busca cubrir vacantes en un sistema judicial que ha sido objeto de críticas por su funcionamiento lento y poco eficiente. La sesión ordinaria programada para el próximo miércoles a las 15:00 horas marca un paso crucial en este proceso.
Proceso de Negociación
La presidenta del Senado, Verónica Magario, se reunió ayer con los líderes de bloques opositores, Agustín Máspoli de la UCR-Cambio Federal y Christian Gribaudo del PRO. En este encuentro, se abordó la necesidad de avanzar con los nombramientos de jueces y defensores, lo cual fue respaldado por representantes de Unión por la Patria.
Simultáneamente, el gobernador Axel Kicillof discutió estos nombramientos con su ministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien juega un rol clave en el proceso, dado que es responsable de los pliegos, alineándose con Cristina Kirchner en la interna del peronismo.
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Entrevistas Completadas
Desde inicios de este año, el Senado ha realizado entrevistas a 206 de los 211 candidatos propuestos por el Ejecutivo. Este avance es fundamental para responder a los reclamos de asociaciones de abogados y magistrados que buscan una optimización del servicio judicial en la provincia.
Este proceso de selección permitirá que el Senado inicie su primera sesión ordinaria del año, tras la caída de una posible sesión especial que no se llevó a cabo debido a desacuerdos tanto en la oposición como en el oficialismo.
Proyectos en Discusión
Durante la reunión mencionada, se discutió, además, la posibilidad de tratar un proyecto de endeudamiento enviado por Kicillof a la Legislatura. Aunque hay interés por parte de algunos bloques en aprobarlo, la incertidumbre sobre su tratamiento queda reflejada en las futuras negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.
El avance en la designación de estos 206 funcionarios judiciales no solo es un acto administrativo; se considera una necesidad apremiante para la agilidad y eficacia de la justicia provincial, un área crítica en la agenda pública actual.
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