El Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora citó a Javier Faroni y Erica Gillette a comparecer el 19 de enero próximo, en una causa penal por presunta estafa y lavado de dinero.
Detalles legales del caso en Lomas de Zamora
La medida fue dispuesta en el marco del expediente FLP 29.107/2025, caratulado “Tucker Oscar, Spinoza Federico José, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/ Estafa e infracción art. 303”, con intervención de la Secretaría N.º 11 a cargo de la Dra. Vanesa Alejandra Curcio.
Ambos deberán presentarse ante el tribunal a las 10:00 y 10:15, respectivamente, para ser notificados formalmente de los derechos que les asisten dentro del proceso. Según consta en la resolución, la citación no implica imputación ni responsabilidad penal definida.
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Investigación sobre el Club Atlético Banfield y Sur Finanzas
La causa investiga una presunta maniobra financiera ilícita entre el Club Atlético Banfield y la firma Sur Finanzas, a través de préstamos ficticios en dólares, contratos de patrocinio simulados y cesiones de derechos de cobro, con el objetivo de ingresar dinero presuntamente ilícito al circuito legal.
La estructura financiera bajo análisis habría utilizado fideicomisos y sociedades vinculadas a la dirigencia del club, como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., para dar apariencia lícita a fondos que luego ingresaban al sistema por medio de un proveedor de servicios de pago.
Además, se identificaron movimientos millonarios realizados por personas sin capacidad económica acreditada, incluidos monotributistas de bajo perfil y supuestos sujetos apócrifos. Este patrón suele asociarse con maniobras de lavado de activos.
Conexiones internacionales en la pesquisa
La pesquisa alcanzó una nueva etapa al detectarse conexiones internacionales, donde tomó relevancia la figura de Faroni, vinculado a sociedades en Estados Unidos que habrían recibido parte de los fondos desviados desde estructuras relacionadas con el fútbol argentino.
La fiscalía sostiene que estas cuentas, operadas en Estados Unidos, habrían sido utilizadas para canalizar dinero hacia sociedades offshore, principalmente en Florida, con titulares sin solvencia económica. Esto, en un intento de fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la cooperación internacional.
