Un operativo realizado por la Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de Arca (ex Afip) ha permitido rescatar a 31 trabajadores rurales en condiciones de reducción a la servidumbre en dos campos de la cerealera Vicentín, en la provincia de Santa Fe. La intervención subraya la grave problemática del trabajo rural en Argentina, donde la explotación laboral persiste, afectando especialmente a los trabajadores de temporada.
Inspección y Hallazgos
La investigación comenzó con una inspección el 4 de septiembre, que llevó al descubrimiento de 15 trabajadores en el campo identificado como Santa Ana SRL. Entre ellos, dos eran menores de edad, de 17 años, y todos vivían en condiciones de precariedad extrema, en campamentos improvisados, sin acceso a agua potable ni baños. La jornada laboral se extendía de 8 a 18, de lunes a lunes.
Durante el operativo, se encontraron 15 trabajadores más en un campo colindante, conocido como La Revancha, generándose confusión respecto a la propiedad de los terrenos.
Te puedeinteresar
Condiciones de Trabajo
Los trabajadores, oriundos de Santiago del Estero, revelaron situaciones alarmantes en sus testimonios. La mayoría no sabía leer ni escribir, y algunos carecían de documentación. La Fiscalía constató que los empleados no tenían forma de comunicarse con el exterior ni podían abandonar el lugar, lo que evidenció su vulnerabilidad social.
Cada uno de ellos percibía un ingreso quincenal de $300.000, monto del cual se descontaba el costo de la comida.
Estructura Propietaria y Conexiones
La propiedad de los campos involucrados está relacionada con Vicentín SAIC, empresa agroexportadora de renombre en el país. Según una modificación en el Boletín Oficial de la Nación del 22 de julio, cuatro personas vinculadas al grupo Vicentín forman parte del nuevo directorio de La Isabelina S.A., lo que complica la determinación de responsabilidades. Entre ellos figura Federico Castellarin, actual presidente hasta febrero de 2028.
Imputaciones y Antecedentes
El grupo Vicentín ha estado bajo la lupa de la justicia provincial y federal debido a diversas irregularidades. En marzo de 2025, trece directivos, incluidos Máximo y Cristian Padoan, fueron imputados por desvío de más de $890 millones entre 2019 y 2024.
Además, Máximo Padoan enfrenta una acusación por asociación ilícita por presuntamente ocultar el verdadero estado financiero de la compañía.
Dificultades en la Identificación de Responsables
El diputado Fabián Palo Oliver ha solicitado informes para aclarar la propiedad de los campos y ha señalado que la compra en 2018 se realizó por parte de los accionistas de Vicentín. Las confusiones en los nombres de los predios y las empresas complican el establecimiento de responsabilidades.
El pedido de informes también busca corroborar si las empresas involucradas están debidamente registradas como empleadoras ante el Ministerio de Trabajo. Hasta el momento, los responsables han mantenido un silencio oficial sobre estas acusaciones.
