Uruguay ha dado un paso significativo en el ámbito de los derechos humanos al legalizar la eutanasia. A través de la votación del proyecto de ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores, el país busca garantizar un proceso de muerte digno para aquellos que se encuentran en condiciones terminales. Este avance legislativo marca un cambio en la forma en que se aborda el sufrimiento extremo y la autonomía del individuo frente a enfermedades incurables.
Proceso Legislativo
Después de más de diez horas de debate, el proyecto fue aprobado gracias a los votos mayoritarios del Frente Amplio, así como la colaboración de algunos miembros de los opositores Partido Colorado y Partido Nacional. La iniciativa busca despenalizar la eutanasia para ciudadanos mayores de edad que, tras evaluar su situación, deseen optar por este procedimiento en casos de enfermedades incurables o sufrimientos insoportables.
La ley también incluye disposiciones para que tanto ciudadanos uruguayos como residentes extranjeros puedan acceder a este derecho, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. El texto detalla el procedimiento que debe seguirse para la eutanasia, asegurando así un marco regulado y claro.
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Argumentos a Favor
Durante el debate, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet subrayó que el proyecto fue "construido con responsabilidad" y destacó la importancia del proceso de diálogo y consenso. “Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes”, afirmó, enfatizando que el proyecto ofrece una opción, no una obligación. Borbonet señaló que el derecho a decidir sobre el final de la vida es fundamental en el contexto de enfermedades avanzadas.
Por su parte, el senador Ope Pasquet del Partido Colorado defendió la ley como una herramienta necesaria y humanitaria. En declaraciones a la Agencia EFE, resaltó que existen muchas personas que sufren en sus últimos momentos y que pueden buscar una alternativa para evitar el sufrimiento prolongado.
Siguientes Pasos
Con la legislación aprobada, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 180 días para reglamentar la ley. Esta reglamentación incluirá la conformación de una Comisión Honoraria de Revisión, la cual deberá estar constituida en un plazo de 90 días tras su promulgación. Esta comisión estará integrada por representantes de distintas instituciones, como el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay y la Universidad de la República.
La finalidad de esta comisión es revisar los procedimientos llevados a cabo en el marco de la eutanasia y elaborar un informe anual que será remitido tanto al Ministerio como a la Asamblea General. Esto garantizará un control y seguimiento de los casos que se presenten, asegurando así una implementación adecuada de la ley.
