Un enfrentamiento armado en Ciudad Evita ha dejado como resultado la muerte de un niño y la detención de un policía. Este incidente, que ocurrió en un ámbito público y cargado de controversia, ha generado un intenso debate sobre el uso de fuerza en situaciones de defensa personal y la responsabilidad legal de los agentes de seguridad.
Hechos del Incidente
El 4 de junio, un policía de la Dirección Montada de la PFA, identificado como Facundo Aguilar Fajardo, disparó en respuesta a un intento de robo por parte de cuatro delincuentes. En total, el agente realizó más de 11 disparos, lo que derivó en la muerte de un asaltante, así como la vacunación de otros dos. En medio de esta balacera, una bala perdida impactó en la cabeza de Thiago Benjamín Correa Medina, un niño de siete años, quien fue declarado muerto el viernes a la noche tras dos días en el hospital.
Detenciones y Cargos
Tras el suceso, Joaquín López Otto fue arrestado en la intersección de calle 900 y Avenida Central, donde un policía de civil alertó a las autoridades. Por su parte, el fiscal de Homicidios de La Matanza, Diego Rulli, decidió trasladar a López Otto a una sede judicial.
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El policía Aguilar Fajardo, de tan solo 21 años, se enfrenta a un cargo de homicidio con dolo eventual, que puede acarrear una pena de entre 8 y 25 años de prisión. En declaraciones a Clarín, el fiscal Rulli argumentó que el uso de la fuerza fue excesivo, señalando que "hubo un exceso en la legítima defensa", considerando el número de disparos y el contexto del lugar y la hora en que ocurrieron los hechos.
Contexto del Suceso
El enfrentamiento tuvo lugar en Avenida Crovara y Madrid, en un área donde los civiles circulaban, lo cual ha suscitado cuestionamientos sobre la seguridad pública y el manejo de situaciones de riesgo por parte de las fuerzas de seguridad. El oficial involucrado alegó que actuó en defensa propia para proteger a su madre, a quien los delincuentes estaban atacando. En su testimonio, expresó: “Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más”.
La familia de Thiago ha sufrido una pérdida irreparable, y el caso ha puesto de relieve la complejidad de la violencia urbana y sus repercusiones en inocentes. El juez Rubén Occhipinti ordenó la ablación de órganos del menor, un acto que resalta la tragedia de esta situación.
Este acontecimiento ha generado un debate en la sociedad sobre la legitimidad de las acciones policiales y la importancia de garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los agentes en situaciones de riesgo.
