Rodrigo Santi, conocido como “Loli”, fue instructor de bomberos en La Playosa, un pequeño pueblo del interior de Córdoba, y hoy enfrenta graves acusaciones de abuso sexual. A los 32 años, espera un juicio abreviado tras haber confesado múltiples delitos, argumentando un cuadro depresivo que le permitió obtener prisión domiciliaria.
El primer hecho denunciado ocurrió el 30 de marzo de 2024, cuando Santi invitó a su casa a un adolescente de 16 años, con quien mantuvo una conversación íntima. Según el relato del abogado querellante José Corigliano, Santi le tocó la pierna y le preguntó si disfrutaba la situación, antes de ofrecerle masturbarlo, lo que llevó al joven a huir del lugar sin regresar al cuartel.
La denuncia quedó en la oscuridad durante meses, hasta que en octubre la madre de la víctima encontró una conversación en WhatsApp donde Santi se disculpaba por haberse “zarpado”.
Un patrón de abuso sistemático
La denuncia inicial permitió destapar otros casos de abuso, revelando un patrón en el comportamiento de Santi. Según los testimonios recabados, el modus operandi solía incluir charlas grupales, campamentos y prácticas sexuales dentro del cuartel. Se promovían masturbaciones grupales bajo el pretexto de “juego” o competencia, creando un ambiente de confianza entre los jóvenes, que luego eran convocados a su casa con excusas similares.
En el pueblo, los abusos eran un secreto a voces, pero pocos se atrevían a hablar. Los primeros incidentes habrían ocurrido entre 2013 y 2014, aunque estos casos ya han prescrito. La familia de Santi, con miembros en cargos de responsabilidad dentro del cuartel, habría contribuido a un clima de silencio que facilitó estos abusos durante años.
Santi está imputado por tres hechos de abuso sexual simple, un abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. Aunque inicialmente negó las acusaciones, confesó durante la instrucción el 20 de noviembre de 2024 y fue trasladado al Establecimiento Penitenciario Nº5 de Villa María.
Prisión domiciliaria controversia
En octubre de 2025, la defensa de Santi cambió de abogado, designando a un exfuncionario de la Fiscalía que había participado en la instrucción del caso. El 19 de diciembre de 2025, este abogado renunció y la nueva letrada pidió la prisión domiciliaria, que fue concedida el 22 de diciembre, lo que generó fuertes rechazos en la sociedad.
La decisión se fundamentó en un informe psicológico que advertía sobre un trastorno depresivo mayor con ideación suicida y señalaba que su permanencia en prisión podría suponer un riesgo significativo para su salud mental. La querella, por su parte, afirma que es probable que surjan más víctimas, subrayando que Santi abusó de la confianza y el poder que detentaba.
La pena mínima a la que podría ser condenado es de 8 años de prisión, mientras que la máxima podría alcanzar los 20 años.