El Senado argentino aprobó una ley histórica que declara la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar la actualización de las prestaciones para las personas con discapacidad. Esta medida recibió el respaldo de una amplia mayoría, con 56 votos a favor, entre los que se encuentran senadores peronistas, radicales y provinciales, así como dos legisladores del PRO.
Detalles de la ley
La nueva legislación establece la revisión de las prestaciones arancelarias a partir del 1 de diciembre de 2023, ajustándolas a la inflación acumulada. Además, actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las pensiones por discapacidad se mantendrán en un valor equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
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La ley también asegura una pensión inembargable para personas mayores de 70 años o con discapacidad que carecen de recursos y poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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La posición de los legisladores
El grueso de los legisladores del PRO, además de La Libertad Avanza (LLA) y algunos bloques provinciales, optaron por no asistir a la sesión, alegando que la convocatoria era inválida. La sesión fue conducida por la senadora peronista Silvia Sapag.
Durante el debate, el senador de Convicción Federal, Fernando Salino, defendió la iniciativa, subrayando la necesidad de actualizar el CUD, que actualmente resulta complicado para muchas familias. Salino destacó que el nomenclador de pago a prestadores no ha sido revisado desde diciembre de 2024, cuando se realizó un ajuste apenas del 0,5%.
Voz de los senadores
El senador del PRO, Luis Juez, enfatizó que la ley representa un apoyo necesario para un sector históricamente invisibilizado. Juez, quien tiene una hija con parálisis cerebral, relató las dificultades que enfrentan las familias para acceder a tratamientos. “Existen problemas serios en la atención y el cuidado que reciben”, afirmó.
Por su parte, la senadora del PJ, Stefania Cora, destacó la urgencia de la aprobación de esta ley, subrayando que el Estado está en deuda con las personas con discapacidad. Cora mencionó que el proyecto establece requisitos claros y exige auditorías para garantizar su cumplimiento.
