A días de iniciar las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno intensifica las negociaciones con la oposición para conseguir el respaldo necesario para la reforma laboral. Esta reforma es uno de los principales puntos del temario, y la administración busca convertirla en ley en el mes de noviembre.
No obstante, a pesar de las reuniones frecuentes con gobernadores y legisladores dialoguistas, aún no se ha alcanzado un acuerdo sólido con la oposición. Varios bloques han manifestado reservas respecto al proyecto de modernización laboral.
“Recién se empieza a hablar sobre las diferencias existentes. Creo que hasta la semana que viene no se avanzará en acuerdos”, indicó un senador del UCR a TN, y añadió: “Dentro del bloque se está cerca de una unificación de criterios”.
El dato proporcionado por la UCR es relevante, dado que cuenta con 10 senadores, posicionándose como la tercera fuerza, detrás del peronismo y La Libertad Avanza. Los votos de este bloque resultan cruciales para el Gobierno, especialmente considerando que del bloque que conduce José Mayans se espera un rechazo general a la iniciativa.
Según fuentes cercanas, la intención de los senadores radicales es votar en bloque. Los legisladores se han reunido recientemente y acordaron planteos en común. “Si el Gobierno acepta reformas, se podría unificar”, advirtieron.
En el PRO, que no asistió a la última reunión de jefes de bloques dialoguistas, también hay incertidumbre sobre su postura. Aunque se espera que sus legisladores acompañen la iniciativa, en los últimos tiempos el partido fundado por Mauricio Macri ha marcado distancia del oficialismo. De mínima, no votarán sin expresar sus objeciones.
Los gobernadores también jugarán un papel clave, ya que han señalado objeciones fuertes respecto a las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, las cuales podrían afectar notablemente la recaudación por coparticipación. Además, se ha conocido que los mandatarios patagónicos han añadido a sus condiciones la declaración de Emergencia Ígnea, que el Gobierno analiza incluir en el temario.
Escenario de incertidumbre en Diputados
A medida que comienza el debate en el Senado, la discusión en Diputados deberá esperar a conocer el proyecto que llegue desde la Cámara Alta. En términos generales, existe consenso en que es necesaria una modificación de la legislación laboral, aunque las condiciones necesarias para ello son objeto de debate.
Con la excepción del peronismo K y la izquierda, que ya han manifestado su rechazo, el resto de los bloques mantiene un silencio expectante. “No tenemos ninguna posición, ya que se habla mucho desde lo mediático, pero en Diputados no podemos evaluar algo que todavía no tenemos en mano”, explicó a TN el misionero Alberto Arrúa, presidente del bloque Innovación Federal.
El diputado, que responde al gobernador Hugo Passalacqua, agregó que “hay un proyecto del Ejecutivo que será tratado en el Senado y debe salir un dictamen donde seguramente habrá muchos cambios. Luego, el proyecto deberá ser aprobado en el recinto, y después llegará a la Cámara Baja donde se tendrá una postura seria”.
Uno de los intereses puntuales de los misioneros se relaciona con el capítulo fiscal, ya que afectaría directamente la coparticipación para la provincia, estimando “serían 60.000 millones de pesos menos”, afirmaron.
Los puntos en disputa de la reforma laboral
Entre las principales objeciones al proyecto se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que recoge un aporte obligatorio equivalente al 3% de la masa salarial de cada empleador para financiar indemnizaciones por despido. Este aporte se destina de lo que las empresas abonan al sistema jubilatorio (SIPA), algo que los críticos consideran que desvían recursos del financiamiento previsional.
La intención oficial es que el fondo funcione como un seguro de desempleo y reduzca litigios en despidos, sin embargo, la oposición sostiene que puede poner en riesgo las cuentas públicas y recortar derechos de los trabajadores.
Otro eje polémico se centra en la reformulación de cómo se calculan las indemnizaciones tradicionales, proponiendo que el aguinaldo, premios y otros pagos no mensuales queden fuera de la base de cálculo de la indemnización. Esta modificación ha sido duramente cuestionada, ya que se considera que excluye derechos adquiridos y limita la protección de los trabajadores bajo la ley actual.
Además, en algunas versiones preliminares, el proyecto contemplaba la derogación de ciertos estatutos profesionales especiales, como el del periodista o el del viajante. Aunque la versión final podría haber moderado estos cambios, la oposición sostiene que tales modificaciones afectan derechos específicos adquiridos históricamente por distintos sectores.