Abogados laboralistas han expresado su preocupación respecto al proyecto de reforma laboral que se encuentra en tratamiento en el Senado, argumentando que, de aprobarse, los trabajadores despedidos recibirían indemnizaciones significativamente menores a las actuales. La iniciativa, que podría ser debatida el próximo viernes, propone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral y limita la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir conceptos no mensuales, como el aguinaldo.
Indemnizaciones en riesgo por la reforma laboral
Los especialistas advierten que “si se aprueba el proyecto de ley de reforma laboral, un empleado que sea despedido en el futuro cobrará menos que lo que recibiría hoy”, lo que implicaría un retroceso significativo en la protección de los derechos laborales. Según el proyecto, la modificación en el cálculo de indemnizaciones excluye conceptos que actualmente se consideran en la liquidación, provocando un impacto directo en la economía de los trabajadores.
La propuesta legislativa prevé que las indemnizaciones solo incluyan conceptos mensuales, situando a los trabajadores en una posición de desprotección. Esto ha generado un amplio debate entre los abogados y distintos sectores de la política que se oponen a la reforma, argumentando que vulnera derechos adquiridos por los empleados.
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Confusión sobre derechos adquiridos
Los abogados laboralistas han señalado “una confusión sobre lo que significan derechos adquiridos”. Explican que, en caso de despido, el trabajador adquiere el derecho a la indemnización en el instante de la desvinculación laboral, no en el inicio del contrato. Si este proyecto es aprobado, las limitaciones afectarán a todos los trabajadores independientemente de su antigüedad, lo cual generaría incertidumbre en el ámbito laboral.
Cuestionamientos al Fondo de Asistencia Laboral
Las disposiciones sobre despidos y la constitución del Fondo de Asistencia Laboral han sido objeto de severos cuestionamientos. La senadora Patricia Bullrich reconoció que este fondo podría haber sido más criticado si la atención no hubiera estado centrada en otros asuntos igualmente controversiales, como las licencias por enfermedad. Este contexto ha llevado a que muchos defensores de los derechos laborales cuestionen la utilidad de financiar despidos con fondos públicos, cuando la ley prevé que el costo recaiga en el empleador en despidos sin causa.
Desde la Confederación General del Trabajo, uno de sus principales dirigentes criticó la situación, destacando que “el Gobierno se dice liberal, pero no tiene problemas en recurrir a fondos públicos para financiar despidos privados”. De esta manera, se plantea un potencial conflicto de intereses en el uso de aportes a la seguridad social.
En el marco de este debate, los abogados laboristas han señalado que, a pesar de que en un contexto de crisis económica se podría justificar la existencia de un fondo para despidos, la creación de un sistema de este tipo en situaciones sin justificación adecuada erosiona las garantías que ofrece la Constitución Nacional. Según ellos, “la lógica del artículo catorce bis exige que el empleador responda por despidos arbitrarios”.
Por último, expresan su preocupación al afirmar que con la nueva ley “no habrá ninguna razón para no despedir”, ya que el financiamiento recae sobre la seguridad social, lo que podría fomentar prácticas laborales perjudiciales. La situación está siendo analizada críticamente en el seno de los grupos de defensa de los derechos laborales, quienes prevén un impacto negativo en la protección de los trabajadores.
