La Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha implementado un nuevo marco normativo que regula el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración pública. Este decreto, publicado bajo la Resolución 9/2025, establece directrices obligatorias para todos los organismos públicos bonaerenses.
Normativa pionera en la regulación de IA
El marco busca garantizar el uso “razonable y confiable” de la IA, priorizando la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una de las primeras iniciativas a nivel nacional y se instituyó en respuesta a la creciente adopción de estas tecnologías en diversos sectores públicos.
Con la nueva regulación, se sientan las bases para el desarrollo y la implementación de sistemas de IA y se prohíbe el uso de tecnologías que puedan manipular comportamientos o afectar la privacidad de los individuos.
Estándares y principios que guían la regulación
El texto reconoce la necesidad de establecer lineamientos claros para la utilización de IA en el Estado y se alinea con los estándares internacionales, incluyendo recomendaciones de organismos como la OCDE y la UNESCO.
La resolución incluye principios rectores que deben ser observados, tales como:
- Neutralidad tecnológica
- Respeto a los derechos humanos
- Privacidad y protección de datos
- Transparencia
Clasificación de riesgos en la implementación de IA
El nuevo marco también introduce una clasificación de riesgos que acompaña a los sistemas de IA:
- Riesgo inaceptable: Uso prohibido para sistemas que manipulen comportamientos o generen perfiles de “scoring social”.
- Alto riesgo: Requiere estrictas evaluaciones, como en identificación biométrica o justicia.
- Riesgo limitado: Incluye chatbots sin tratamiento de datos sensibles.
- Riesgo nulo: Impacto insignificante en derechos o seguridad.
Además, se ordena realizar evaluaciones preliminares de riesgo y se establecen mecanismos para prevenir sesgos discriminatorios durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA.
Los organismos públicos deberán también informar a los ciudadanos cada vez que interactúen con sistemas automáticos y se crea un Registro Provincial de Inteligencia Artificial para inscribir los desarrollos tecnológicos en este ámbito, bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Innovación Digital.