La reciente implementación de un recargo del 2% sobre el importe neto de IVA en las compras ha generado un clima de indignación entre los vecinos de Pilar. Esta modificación en la Tasa de Derecho Ambiental, que entró en vigencia hace diez días, ha sido objeto de críticas de diferentes sectores, incluyendo economistas y representantes del comercio local.
La medida que divide a los pilarenses
El intendente Federico Achával, quien se encuentra al frente de la municipalidad desde 2019, ha tomado esta decisión en medio de una gestión marcada por la polarización política y una serie de denuncias en su contra. Achával, con un fuerte respaldo del kirchnerismo, logró su reelección en 2023, pero también enfrenta diversas críticas sobre su administración.
El 24 de marzo de 2023, una denuncia presentada por el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, fue una de las primeras alertas sobre irregularidades en la gestión municipal. La denuncia, que incluye acusaciones de licitaciones direccionadas y sobreprecios, fue dirigida al fiscal general del departamento de San Isidro, John Broyad, y podría contener elementos de corrupción que afectan la administración pública.
Las críticas repercuten en la economía local
El impacto inmediato de la nueva tasa no se hizo esperar. Los comerciantes locales enviaron una carta al municipio expresando su preocupación por el aumento de costos y la falta de consulta previa sobre el tema. En su misiva, los empresarios advirtieron que esta medida podría traducirse en un deterioro económico para las pequeñas y medianas empresas de la localidad, afectando tanto a los negocios como a los consumidores finales.
Los rubros afectados incluyen alimentos y bebidas, productos de higiene, indumentaria, materiales de construcción, electrodomésticos, y servicios de gastronomía, entre otros. Según representantes del comercio local, el recargo sobre cada operación comercial incrementa los precios y frena la competitividad.
La reacción de las entidades gremiales y políticas
Entidades como la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) también se han pronunciado en contra de la medida, resaltando su efecto distorsivo en la economía. En un contexto donde muchas familias enfrentan dificultades económicas, la instauración de esta tasa genera un clima de tensión creciente en el distrito.
Desde el Gobierno nacional, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ha criticado abiertamente la imposición de esta tasa, sugiriendo que solo profundiza la recesión y afecta gravemente a las pymes. Su postura ha intensificado la controversia entre el intendente Achával y el Gobierno nacional, resaltando una línea divisoria entre distintas corrientes políticas.
Problemas de transparencia en la gestión
Las denuncias de corrupción no son el único asunto pendiente en la gestión de Achával. El debate en torno al nuevo Código de Ordenamiento Territorial también ha generado polémica, ya que algunos concejales del PRO y de sectores independientes consideran que podría llevar a la expropiación de terrenos sin los debidos resguardos legales para los propietarios.
Con todo esto, la situación en Pilar sigue siendo tensa y la falta de consenso en torno a las nuevas medidas económicas y administrativas sugiere que la gestión de Achával se verá sometida a un creciente escrutinio y presión pública en los próximos meses.