La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha solicitado a la Justicia Federal la realización de allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como en las oficinas de la empresa Carnaval Stream. Esta medida se enmarca en la controversia generada por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados en la Casa Rosada. El Gobierno sostiene que se trata de una operación de inteligencia ilegal dirigida a desestabilizar el país en medio de la campaña electoral.
Detalles de la Denuncia
Según el portavoz presidencial, Manuel Adorni, las grabaciones han sido manipuladas y su difusión tiene como objetivo condicionar al Poder Ejecutivo. En el contexto de este escándalo, un juez civil ha emitido una medida cautelar que prohíbe la difusión de estos audios en medios de comunicación y plataformas sociales.
Implicados en la Filtración
La denuncia también menciona al abogado Franco Bindi, señalado por la Casa Rosada, y al empresario Pablo Toviggino, vinculado al canal de streaming Carnaval. El Gobierno considera que la filtración de los audios busca generar un estado de caos y desinformación durante el proceso electoral.
