La morosidad en Argentina atraviesa un momento crítico, convirtiéndose en una tendencia creciente que afecta a familias y empresas por igual. Durante el año 2025, cada mes ha registrado un aumento en la dificultad de pago, alcanzando máximos históricos desde que el Banco Central de la República Argentina comenzó a medir estos índices en 2010.
Sube la morosidad en créditos al consumo y las familias sufren el impacto
El índice general de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,5% en diciembre, pero el dato más alarmante proviene del sector de las familias, donde la morosidad alcanzó el 9,3%. Esto refleja un deterioro más acelerado en comparación con las empresas.
El contexto económico en el que se desarrolla esta situación no es ajeno: los salarios pierden frente a los costos, se registra una caída del consumo y las condiciones de financiamiento se endurecen. Cada vez más hogares se encuentran al borde de la insolvencia.
Los créditos destinados al consumo son los más afectados. Los préstamos personales presentan el peor cuadro, con un nivel de atraso que llegó al 12% hacia finales de 2025, casi cuatro veces más que un año antes. Las tarjetas de crédito también padecen, reflejando una morosidad del 9,3%, con un aumento abrupto en apenas doce meses.
Aún las líneas de crédito con garantía, que generalmente son más estables, están mostrando señales de alarma. En el terreno de los créditos hipotecarios, la morosidad se situó en 1,2%, mientras que los créditos prendarios subieron al 5,8%. En el caso de los créditos ajustados por UVA, la situación es más preocupante, con un 7,5% de morosidad.
Este escenario revela un problema estructural que afecta a las familias: hay una discrepancia entre lo que esperaban pagar y lo que finalmente deben afrontar. Un informe de Quantum Finanzas sugiere que la desaceleración de la inflación no ha ido acompañada de mejoras en los ingresos reales, lo que significa que las cuotas han perdido el “efecto licuación” que antes las sostenía.
En otras palabras, las deudas pesan cada vez más en el ingreso mensual.
A este panorama se suman tasas de interés reales que han permanecido por encima de la evolución del salario real durante varios meses, especialmente desde mediados de 2024. Esta acumulación de desajustes ha asfixiado la capacidad de pago de numerosos deudores.
En respuesta a esta crisis, los bancos han comenzado a adoptar medidas defensivas, como recortar límites en las tarjetas de crédito y endurecer los requisitos para conceder nuevos créditos. Esta respuesta, lejos de aliviar la situación, restringe aún más el acceso al financiamiento.
El sector productivo también resiente el impacto, aunque de forma menos intensa. La morosidad en las empresas llegó al 2,5%, con incrementos relacionados, principalmente, al comercio y la actividad primaria. También se ha observado un aumento en el rechazo de cheques por falta de fondos, señalando la fragilidad del sistema económico.
A pesar de esta situación, hay una clara diferencia: mientras que las empresas logran mantener cierto equilibrio, las familias ya se encuentran en una zona crítica.
El incremento de la morosidad no solo refleja un problema financiero, sino que también tiene un fuerte componente social. Cuando cada vez más personas no pueden cumplir con sus deudas, se afecta de forma tangible la calidad de vida.
Las decisiones económicas que se toman tienen consecuencias directas. A medida que el ajuste afecta los ingresos y el crédito se vuelve más caro y restrictivo, el resultado se torna claro: más deuda, menos consumo y una cadena que termina rompiéndose en el eslabón más débil.