El gobierno de Javier Milei ha vuelto a ejercer su poder de veto, esta vez contra el Proyecto de Ley Nº 27.794, que proponía una redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 652/2025, se ha presentado en un momento de tensión económica y política en el país, lo que intensifica el conflicto entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores.
Veto a la Ley y sus Consecuencias
El veto se suma a otras decisiones recientes del gobierno, incluyendo el rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en el Garrahan. Estas acciones han generado un clima de malestar en los distritos provinciales, que esperaban la normativa para asegurar los fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación, en un contexto donde las finanzas provinciales son críticas.
Detalles del Proyecto de Ley Nº 27.794
La ley vetada fue sancionada el 20 de agosto de 2025 y intentaba reformar el régimen de los ATN, un mecanismo creado para atender "desequilibrios financieros y situaciones de emergencia". Los puntos clave de la normativa incluían:
- Redistribución automática: Establecía que los recursos de los ATN serían distribuidos diariamente y automáticamente, similar a la coparticipación federal.
- Integración a la masa coparticipable: Consideraba que los recursos formarían parte de la masa de fondos coparticipables.
- Inclusión de TDF y CABA: Reconocía porcentajes para la Provincial de Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argumentos del Gobierno
En su justificación para el veto, el gobierno sostiene que el fondo de ATN fue creado con una "finalidad específica" para abordar emergencias financieras. Esta decisión parece buscar mantener la discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación de fondos, evitando la automatización planteada por la ley.
Esta nueva acción gubernamental forma parte de una estrategia política más amplia, tras la reciente derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluye cambios en su gabinete, como el nombramiento de Lisandro Catalán como ministro del Interior y la iniciativa de establecer una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. Sin embargo, la firmeza de Milei ante lo que considera riesgos para el equilibrio fiscal mantiene tensas las relaciones con los gobernadores, quienes exigen mayor autonomía en la administración de los fondos nacionales.