El presidente Javier Milei anunció su decisión de vetar la ley que garantiza un aumento en las jubilaciones y restituye la moratoria previsional, una medida aprobada recientemente por el Senado con el respaldo de bloques opositores. La declaración se realizó en un acto llevado a cabo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde advirtió que, si el Congreso decide anular el veto, su gobierno recurrirá a la Justicia.
¿Qué establece la ley sancionada por el Senado?
La ley, que ya contaba con media sanción de Diputados, prevé un aumento real del 7,2% en haberes y pensiones, excluyendo regímenes especiales. También aumenta el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. Además, retoma la moratoria previsional por un período de dos años, permitiendo que quienes no cumplan con 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación mínima.
El oficialismo ha manifestado su preocupación sobre la ley, argumentando que el nuevo bono se vuelve un derecho permanente, lo que podría acarrear un costo fiscal de 0,45% del PBI, según el Ministerio de Economía. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que el impacto total de las medidas podría alcanzar 0,75% del PBI.
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Reacciones del presidente Milei ante la iniciativa legislativa
Durante su intervención, Milei subrayó que su política de superávit fiscal es fundamental y afirmó que la aprobación de esta ley podría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. “La política del superávit fiscal es permanente. Aun si se tratara el tema en la Justicia y se aprobara, el daño sería mínimo y reversible”, comentó.
El presidente también dirigió críticas hacia los legisladores que impulsaron la propuesta, así como a ciertos gobernadores, aunque no los identificó. “Aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan un chaleco de seguridad y no pase nada”, expresó. En paralelo, se han escuchado críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel por no haber detenido la medida.
Siguientes pasos tras el veto anunciado
El Gobierno confirmó que llevará adelante un veto presidencial. La Constitución Nacional establece que, en caso de veto, el Congreso tiene la opción de insistir en la ley con el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras. Si no se logra dicho acuerdo, la ley queda derogada. De insistir el Congreso, el Ejecutivo podría recurrir a la justicia, cumpliendo así con lo anunciado por Milei.
Este conflicto en torno a la ley jubilatoria se da en un contexto de alta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en medio de otros debates importantes como la emergencia en discapacidad y el financiamiento a las provincias. La situación en torno a la ley jubilatoria se presenta como un nuevo foco de conflicto institucional que podría llevar la disputa al ámbito judicial.
