El presidente Javier Milei firmó el sábado los vetos a dos normativas clave: el aumento de las jubilaciones y la ley que declaraba la emergencia en discapacidad. Esta decisión, que será formalizada este lunes a través del Boletín Oficial, ha generado un amplio debate en el ámbito político argentino debido a sus importantes repercusiones.
Detalles de los vetos firmados por Milei
El Gobierno había anticipado su rechazo a las normas desde su aprobación inicial en el Congreso. Milei había manifestado: “Vamos a vetar. Aún si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar”.
La ley, que fue aprobada por el Senado en julio, preveía un aumento del 7,2 por ciento en jubilaciones y pensiones, excluyendo los regímenes especiales. Además, se proponía un incremento en el bono previsional, de $70.000 a $110.000. Desde el Gobierno, se argumenta que estas leyes son “fiscalmente inviables” y incompatibles con el plan de La Libertad Avanza, que busca un equilibrio fiscal y rechaza cualquier incremento del gasto estatal.
Qué implicaban las normativas vetadas
Las normativas incluidas en el veto no solo preveían el aumento en jubilaciones y pensiones, sino que también proponían una fórmula de actualización basada en la inflación y mejoras salariales. Este sistema habría establecido un mínimo de incremento mensual que superaría el actual método de actualizaciones por decreto.
Otra propuesta relevante era la moratoria previsional, que permitía a aquellos que no cumplen con los 30 años de aportes completar los períodos requeridos para obtener una jubilación mínima. Por otro lado, la ley que declaraba la emergencia en discapacidad tenía como objetivo garantizar prestaciones esenciales y atención integral, ante el desfinanciamiento que ha sufrido el sector debido a recortes de fondos.
Cómo afecta el veto a futuras negociaciones
A pesar de que ambas leyes fueron aprobadas en el Senado el mes pasado, Milei postergó la firma de los decretos para vetarlas, con el fin de dilatar el regreso del debate a la Cámara de Diputados. Existe preocupación entre el oficialismo por no contar con los votos necesarios para mantener la decisión.
Para contrarrestar el veto presidencial, la oposición necesitará al menos dos tercios de los votos en el Congreso. La ley había sido aprobada con una sólida mayoría: 142 votos a favor, 67 en contra, 19 abstenciones y 28 ausentes. En la actualidad, el Ejecutivo está en negociaciones con gobernadores y bloques aliados para asegurar apoyo al veto y evitar que la oposición logre la mayoría necesaria para revertirlo. Se están considerando estrategias como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y posibles acuerdos políticos en vista de las elecciones nacionales del 26 de octubre.