El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para terminar con la impunidad. Esta iniciativa busca modificar la legislación penal y abordar lo que se describe como “una tomada de pelo a toda la sociedad” respecto al manejo actual de la justicia.
Modificaciones en el sistema punitivo
El anteproyecto tiene como objetivo cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas sigan delinquiendo una y otra vez. Esto se traduce en un endurecimiento de penas en una amplia gama de delitos, además de la eliminación de la prescripción en casos considerados especialmente graves y la restricción de beneficios que facilitan reducciones en las condenas.
Entre las modificaciones más importantes, se destaca el aumento de las penas mínimas y máximas. Por ejemplo, el homicidio simple incrementaría de 8–25 años a 10 a 30 años de prisión, mientras que el homicidio agravado se enriquece con nuevos supuestos que elevan la gravedad de los delitos cometidos.
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Endurecimiento de penas para delitos graves
El anteproyecto también endurece las penas para delitos como lesiones, abuso de armas y pornografía infantil. Esto implica que la pena para el delito de pornografía infantil pasaría de 3–6 años a 3 a 12 años, así como también un aumento para aquellos que intenten distribuir dicho material, que se estipula en 4 a 12 años de prisión.
En cuanto a los robos, se incorporan figuras específicas, tales como “motochorros” y “viudas negras”. Por ejemplo, el robo simple aumentaría de 1 mes–6 años a 3 a 8 años de prisión si se comete con fuerza en las cosas, y a 3 a 10 años cuando es violento.
Imprescriptibilidad para delitos graves
Una de las modificaciones más relevantes del anteproyecto es la eliminación de la prescripción para delitos graves. Según el documento, el castigo de estos delitos “no puede verse condicionado por el tiempo”, lo que permitirá a la justicia investigar independientemente de cuánto tiempo haya pasado. En esta categoría se incluyen homicidios agravados, abusos sexuales, y narcotráfico, entre otros.
Prisión efectiva y restricciones a beneficios
El proyecto estipula que un 82% de los delitos implicarán cumplimiento efectivo de pena. Asimismo, se amplía la lista de delitos que no podrán optar a condena condicional, incluyen “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas. Además, se limita la posibilidad de liberación anticipada para condenados por homicidio y delitos dolosos cometidos por funcionarios.
Ejecución de la pena y otras reformas
Otro punto clave del anteproyecto es que las condenas comenzarán a ejecutarse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, agilizando así el proceso judicial. También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal” y que funcionarios condenados por delitos perderán automáticamente sus jubilaciones.
Por último, la reforma también busca robustecer el marco de la legítima defensa y aumentar la participación de las víctimas en decisiones que las afecten, resaltando así su relevancia dentro del proceso judicial.
