En un entorno donde la libertad de expresión y el uso de las redes sociales están en el centro del debate público, el presidente Javier Milei ha presentado ante el juez Alberto Osvaldo Recondo argumentos en defensa de un controversial tuit que involucra a un menor. El tuit ha generado una demanda por parte del joven activista Ian Moche.
La defensa de Javier Milei
Milei sostiene que el menor, siendo un activista, debe estar preparado para tolerar el debate y las críticas. En su escrito, argumenta que el mensaje fue emitido desde su cuenta personal en X (anteriormente Twitter), en lugar de su cuenta institucional, aunque la plataforma la identifica como una propiedad de un funcionario de gobierno.
El presidente enfatiza que el tuit en cuestión no es un acto estatal, sino una opinión personal sobre el periodista Paulino Rodrigues. Asimismo, negó que su publicación tuviera relación con Ian Moche. Según Milei, la demanda es un ejemplo de la "cultura de la cancelación", que considera una herramienta utilizada para silenciar voces en desacuerdo.
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Cuestionamientos sobre el procedimiento
En su defensa, Milei critica la decisión de Moche y su familia de acudir a la justicia sin haber utilizado las vías internas de denuncia que se ofrecen en la plataforma, como las "Notas de la Comunidad". El presidente argumenta que el interés superior del niño no justifica la restricción de la libertad de expresión en un "debate público legítimo", pidiendo así que se archive la causa por considerarla improcedente.
Respuesta del abogado de Ian Moche
El abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, ha respondido a la defensa de Milei, acusándolo de desconocer que la libertad de expresión está diseñada para proteger principalmente a los particulares contra el poder. Subraya que al fijar su domicilio en la residencia presidencial de Olivos, Milei reconoce su rol como funcionario.
Domínguez también indica que si no hubo intención de ofender, bastaba una aclaración, una disculpa o la eliminación del posteo, algo que nunca ocurrió.
Próximos pasos en la causa
El juez Alberto Recondo tiene un plazo de 48 horas para decidir si ordenará al presidente retirar el mensaje. Esta situación plantea importantes interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los funcionarios en el uso de las redes sociales.
