Los cambios a la Ley de Glaciares han generado preocupación en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La administración de Axel Kicillof ha rechazado las modificaciones impulsadas por el presidente Javier Milei, advirtiendo que podrían tener graves consecuencias para los recursos hídricos bonaerenses, especialmente en el Valle Bonaerense del Río Colorado, una de las principales zonas productivas del sudoeste de la provincia.
“El agua de los glaciares es absolutamente necesaria para la producción. Solo en la provincia de Buenos Aires, la cuenca del río Colorado, que depende del deshielo de glaciares, es el sistema de riego de 80.000 hectáreas del sur, la zona más árida. Sin agua no hay vida ni producción posible”, afirmó la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, durante su participación en la primera jornada de audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados de la Nación.
Vilar instó a los legisladores a no avanzar con las modificaciones, enfatizando que no solo es una responsabilidad institucional, sino también humana. “Los glaciares no se pueden volver a generar y el daño que están provocando con esta avanzada tampoco se puede revertir”, agregó.
La ministra considera que la iniciativa del Gobierno nacional representa “un retroceso en materia de protección del agua”, ya que busca habilitar actividades extractivas en zonas de glaciares y ambientes periglaciales. “En la actualidad, donde hay glaciares o ambiente periglacial, no se habilitan actividades extractivas por el daño potencial irreversible”, indicó.
Impacto en la cuenca del río Colorado
El Inventario Nacional de Glaciares revela que existen 452 glaciares en la subcuenca del río Grande, principal afluente del Colorado. “El ambiente periglacial acumula agua en invierno y la libera en verano, cuando no hay lluvias ni nieve. Destruirlo es romper el tanque de reserva de agua de millones de personas”, alertó la ministra.
Vilar criticó que el proyecto del gobierno establezca que el inventario nacional de glaciares deje de ser vinculante para las provincias, a pesar de que cuenta con “una precisión del 95%” validada por glaciólogos internacionales. “Con el nuevo proyecto, el inventario pasaría a ser un material de consulta, lo que podría permitir a las provincias avanzar sobre glaciares catalogados y protegidos”, expresó.
Además, la ministra advirtió que esta flexibilización favorecería a empresas transnacionales, mientras que las comunidades más vulnerables enfrentarían las consecuencias.
La importancia del río Colorado
Desde su nacimiento en la Cordillera de los Andes, el río Colorado recorre aproximadamente 1.200 kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico, en el límite de los distritos de Villarino y Patagones. Este curso de agua es vital para decenas de iniciativas productivas y proporciona agua para el consumo humano en la provincia de La Pampa.
Vilar manifestó su preocupación por el manejo del agua: “Si Mendoza autoriza actividades perjudiciales para los glaciares, el impacto llegará a comunidades de provincias que no tuvieron voz en esa decisión”.
La subcuenca hidrológica del río Grande, que contribuye al río Colorado, alberga 452 glaciares que ocupan 60,3 kilómetros cuadrados. La mayoría son glaciares “descubiertos”, que son cruciales para garantizar un caudal mínimo del río Colorado.
Alerta en La Pampa
En La Pampa, las autoridades y especialistas se encuentran en alerta rojo ante los posibles cambios en la legislación. “Decenas de comunidades toman agua del acueducto del río Colorado para consumo humano”, indicaron representantes de la provincia durante un reciente encuentro en la Universidad Nacional de La Pampa.
La discusión se intensifica debido a la delicada relación existente entre Mendoza y La Pampa en cuanto al manejo de cuencas hídricas, hecha evidente en el conflicto por el río Atuel, que dejó a La Pampa sin acceso a recursos hídricos vitales. “No se puede dejar en manos de una sola provincia decisiones que afecten a otros territorios”, señalaron los participantes de este debate.
La preocupación se exacerba ante el posible impacto de la explotación minera propuesta en Mendoza, que podría afectar al río Colorado y a su afluente, el río Grande. “Con lo sucedido con el río Atuel tenemos más que suficiente para proyectar qué sucederá con el río Colorado si se siguen estas políticas”, manifestaron desde la Fundación Chadileuvú.
Detalles de la Ley de Glaciares
La ley 26.639, conocida como la Ley de Glaciares, fue sancionada en 2010 y establece un régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial. Esta norma prohíbe la exploración y explotación de recursos en estas áreas, con el objetivo de proteger la calidad del agua y el hielo.
El gobierno nacional ha propuesto cambios que permitirían a las provincias decidir dónde habilitar actividades extractivas, invocando el artículo 124º de la Constitución Nacional. Sin embargo, quienes se oponen advierten que esto contradice el artículo 41º, que otorga al Congreso la facultad de establecer leyes de protección ambiental.