Este miércoles, el Gobierno de Javier Milei y sus aliados en el Senado alcanzaron un acuerdo para debatir cambios en la Ley de Glaciares. La discusión sobre la normativa se llevará a cabo este jueves, mientras que el oficialismo admite que está cerca de obtener los 37 votos necesarios para la media sanción, a pesar de las divisiones en el PRO y la UCR.
Posiciones de los senadores y su impacto en la votación
La atención se centra en el nuevo bloque peronista Convicción Federal, que incluye a Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Moises fue nombrada vicepresidenta de la Cámara Alta, un posible gesto del oficialismo para obtener apoyos adicionales. También existe incertidumbre respecto a la senadora de Chubut, Edith Terenzi, quien aún no ha revelado su voto, a pesar de haber tomado una decisión.
Miembros de la UCR están en proceso de evaluación. Algunos podrían respaldar la ley en términos generales, aunque pidiendo condiciones específicas en el debate particular.
Modificaciones a la Ley de Glaciares
La normativa original, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y los clasifica como reservas estratégicas de agua dulce. El objetivo del Gobierno es priorizar actividades productivas en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, buscando atraer inversión minera internacional.
Los cambios propuestos permiten la explotación de recursos naturales en glaciares, siempre que estos no sean considerados hídricamente relevantes. Esta relevancia ahora será determinada por las provincias, otorgándoles mayor autoridad en la evaluación de los impactos ambientales y en la autorización de proyectos.
“Una forma de honrar el respaldo que tuvimos en las urnas es continuar con nuestra agenda reformista”, publicó La Libertad Avanza en sus redes sociales antes del debate, al considerar que “la minería trae millones a la Argentina”.
Fuentes de TN revelaron que las modificaciones realizadas al proyecto no incluyen cambios sustanciales, sino ajustes de redacción. Sin embargo, dos puntos destacados son la prohibición de actividades que causen daños ambientales y la obligatoriedad de cumplir con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688, lo cual implica un monitoreo más estricto sobre el caudal de agua afectado.
El abogado ambientalista Enrique Viale criticó este enfoque, describiéndolo como “redundancia legislativa” y argumentando que los agregados son meramente “cosméticos”. En respuesta, una fuente oficialista argumentó que la inclusión de la mención sobre la gestión ambiental añade un nivel de control en lugar de dejar “libre albedrío” a las provincias.
Otro aspecto que ha cambiado es que la determinación de la relevancia hídrica de un glaciar será hecho mediante “estudios técnicos-científicos”, aunque Viale señaló que la redacción no detalla el alcance o especificidad de dichos estudios.
Además, el Inventario Nacional de Glaciares, mantenido por el Instituto Nacional de Glaciares (IANIGLA), continuará en su estado actual hasta que las provincias determinen lo contrario. Esta situación implica que cualquier cambio en la clasificación de los glaciares deberá surgir del consenso provincial.
La discusión y votación de la ley se perfilan como un momento decisivo para el futuro de las actividades mineras en las regiones que albergan glaciares, con posturas encontradas que reflejan la complejidad del tema ambiental y productivo en el país.