Los docentes, familias e instituciones vinculadas a la educación especial han expresado su preocupación por la situación crítica que enfrenta la educación inclusiva en Argentina. Aseguran que los servicios desfinanciados y los pagos atrasados están poniendo en riesgo el apoyo fundamental que necesitan miles de niños con discapacidad.
Desfinanciación y apoyo legislativo
Los colegios de gestión privada que atienden a alumnos con discapacidades han manifestado su preocupación por los retrasos en la actualización de los aranceles. En este contexto, apoyan un proyecto de ley de Emergencia que se debate en el Congreso de la Nación. La Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) advierte que la situación no puede quedar atrapada en disputas políticas. Según ellos, “lo que está en juego no es solo una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender y desarrollarse”.
Impacto económico en las instituciones
Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, señaló que enfrentan un desfase de más del 70% entre los aranceles cobrados y la inflación acumulada. Esto ha llevado a que los ingresos de las instituciones permanezcan congelados, mientras que los costos, especialmente en salarios, siguen aumentando. AIEPA también destacó que la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de retraso, una situación insostenible que está llevando a muchas escuelas especiales al borde del colapso financiero.
La crisis de la educación inclusiva
La crisis no solo afecta a las escuelas especiales; miles de niños que asisten a instituciones comunes requieren apoyos esenciales como maestros integradores, fonoaudiólogos y psicólogos. Sin condiciones adecuadas y honorarios ajustados, muchos profesionales se ven imposibilitados de ofrecer la atención que estos alumnos necesitan. Giorgi subrayó que “los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”.
Un conflicto prolongado
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador que regula los aranceles, un hecho que ha generado un congelamiento de los fondos y un creciente déficit en muchas instituciones. Algunas se ven obligadas a reducir servicios, y otras están considerando cerrar. AIEPA señala que la situación viene deteriorándose a lo largo de los años, con actualizaciones que siempre quedan por debajo de la inflación.
Si la ley de emergencia no avanza, las instituciones continuarán con cuotas congeladas, lo que podría comprometer no sólo la continuidad de los servicios, sino también los puestos de trabajo de docentes y personal especializado.
