La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional a fin de exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Este incumplimiento se debe a que dicha ley fue sancionada y promulgada, pero su aplicación permanece suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. La resolución fue adoptada por unanimidad durante la sesión del Consejo Superior el 22 de octubre de 2025.
Resolución del Consejo Superior
El Consejo Superior de la UBA argumentó que el decreto que suspende la ejecución de la ley “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” establecido en la Constitución Nacional. A pesar de ser promulgada, esta suspensión “quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, según la UBA. Además, se destacó que la medida afecta los derechos constitucionales de la comunidad universitaria, impidiendo el acceso a financiamiento esencial y a la recomposición salarial.
Contexto Económico
En su resolución, la UBA hizo hincapié en la grave situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales. La universidad ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria, reiterando su profunda preocupación por el menoscabo de los derechos de trabajadores docentes y no docentes. La ley busca garantizar la sostenibilidad del financiamiento y la recomposición salarial de estos trabajadores.
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Crítica a la No Aplicación de la Ley
El documento aprobado por el Consejo Superior es claro en señalar que la suspensión de la ley no es solo problemática, sino que representa un “ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”. Este retraso en su implementación podría profundizar la crisis del sistema universitario, al afectar tanto su funcionamiento como la situación salarial de sus profesionales.
Exigencias del Consejo
En la misma comunicación, el Consejo instó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes para exigir la inmediata implementación de la Ley 27.795. Se enfatizó que es imprescindible que el Poder Ejecutivo cumpla con esta ley, asignando los recursos presupuestarios necesarios para su efectiva ejecución.
Nueva legislación y contexto
En la misma jornada, el Gobierno promulgó nuevas leyes, incluyendo la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento y que, al igual que otras legislaciones recientes, permanecerá suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Esta pausa afecta directamente las expectativas en torno a la estabilidad del sistema universitario y de salud en el país.
