El reciente proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei ha desatado un intenso debate en el país. Con el objetivo de reducir las contribuciones patronales y establecer un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el plan también contempla recortes significativos que afectan a la ANSES y al PAMI.
Recorte a la protección social
Entre las medidas más controversiales, se destaca la desvinculación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la inflación. Este cambio plantea la preocupación de que se debilite el sistema de protección social, que ha sido clave en los últimos años para mitigar la pobreza en un contexto de crisis económica.
La AUH, que alcanzó un incremento cercano al 200% el año pasado, había estado ajustándose mensualmente de acuerdo al índice inflacionario, asegurando así su poder adquisitivo. Sin embargo, el nuevo presupuesto discute la eliminación de este ajuste automático, generando alarma entre expertos en economía.
Impacto sobre el financiamiento
El eje de la reforma laboral gira en torno al FAL, que se financiará a través de un aporte del 3% de la masa salarial bruta, compensado con una baja en las contribuciones patronales. Esto, según diversas estimaciones, podría implicar una pérdida de entre u$s 2500 millones y u$s 4700 millones anuales para el sistema de jubilaciones y asignaciones familiares.
Economistas como Hernán Letcher han señalado que estos recortes no solo afectan a las jubilaciones, sino que también repercuten directamente en el financiamiento del PAMI. Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha indicado que el FAL podría resultar en una “transferencia millonaria de recursos del trabajo al capital”.
Las consecuencias de la reforma fiscal
Además del FAL, la reforma laboral incluye una reducción permanente de las contribuciones patronales, estimada en u$s 3000 millones anuales. Los análisis prevén que el impacto fiscal total podría alcanzar el 0,83% del Producto Bruto Interno (PBI).
Un informe reciente del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) destaca que el nuevo mecanismo podría llevar al Estado a financiar los despidos, redirigiendo recursos que antes estaban destinados a la protección social, lo que incrementaría aún más la carga sobre un sistema ya debilitado.
Reacciones y análisis
A medida que se avanza en la discusión del proyecto en el Congreso, varios economistas y organizaciones sociales expresan su preocupación por los potenciales efectos negativos sobre los sectores más vulnerables. La reducción de la AUH y los recortes en contribuciones patronales generan un consenso creciente en torno a la necesidad de defender la seguridad social en tiempos de crisis.