La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei introduce cambios significativos en los derechos laborales y el sistema de aportes patronales, pero un nuevo informe técnico revela que también implica un ajuste económico para las provincias, especialmente la provincia de Buenos Aires.
Un análisis detallado del informe de AEFIP
El dato surge de un detallado relevamiento realizado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que fue divulgado por la CGT, y que alerta sobre lo que se describe como una “reforma impositiva encubierta” en la iniciativa que el gobierno ha enviado al Congreso. El informe evalúa el impacto que tendrá la reforma en la recaudación tributaria nacional, fundamental para el sistema de coparticipación federal.
Los números detrás del recorte
Según AEFIP, el monto total de recursos afectados para la distribución entre las provincias podría llegar a $3,187 billones. Para calcular esta cifra, el estudio utiliza un índice de apropiación del 0,5736 sobre la masa coparticipable que incluye impuestos a las Ganancias, tanto de sociedades como cedular, así como otros impuestos internos.
La advertencia es clara: una menor recaudación nacional significará menos fondos automáticos para las provincias, un recorte que podría no ser presentado explícitamente como tal.
Buenos Aires, la provincia más afectada
El impacto para la provincia de Buenos Aires resulta alarmante, con una pérdida estimada de $397.257 millones. Este recorte repercutirá directamente en el financiamiento de servicios esenciales, tales como salud, educación, seguridad y obras públicas. Le siguen Santa Fe, con una merma de $161.673 millones, y Córdoba, que enfrentaría una pérdida de $160.628 millones.
Para el gobierno bonaerense, la reforma representa un nuevo golpe fiscal, algo que agrava la situación en municipios tanto del interior como del conurbano, incluyendo la capital provincial.
Un cambio tributario sin debate en la coparticipación
AEFIP destaca que la Coparticipación Federal de Impuestos, regulada por la ley 23.548, establece que el 59% de la masa coparticipable corresponde a las provincias, mientras que la Nación retiene el 40% y el 1% se destina a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo, al modificar impuestos clave sin una discusión específica sobre coparticipación, el proyecto de reforma laboral introduce, según el gremio, un ajuste indirecto sobre los recursos provinciales.
Desde la CGT, señalaron que este esquema no solo afecta a los trabajadores, sino que también debilita la autonomía financiera de las provincias, trasladando el costo del ajuste a los distritos y, en última instancia, a los ciudadanos. Con La Plata como sede del poder político bonaerense, el impacto de la reforma vuelve a poner en tensión la relación entre la Nación y la Provincia, en un contexto de ajuste fiscal y crecientes conflictos por los recursos.