El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó el Decreto 3233/25, que modifica el cálculo del canon por uso del agua para usuarios no domiciliarios. Esta medida, aplicada a emprendimientos productivos y desarrollos privados, excluye a los hogares y busca desalentar la sobreexplotación mediante un esquema fundamentado en parámetros técnicos.
La actualización fue implementada por la Autoridad del Agua (ADA) y reemplaza criterios uniformes por un modelo que toma en cuenta variables ambientales y productivas. El nuevo sistema incorpora el caudal declarado, el origen del recurso —superficial o subterráneo—, el factor de retorno, la escala del proyecto y la disponibilidad hídrica regional.
Desde el Ejecutivo bonaerense afirmaron que la medida contribuirá a un sistema “más ordenado y transparente”, al reducir márgenes de discrecionalidad y vincular el pago al uso efectivo del recurso. La implementación será gradual, permitiendo así la adaptación de los sectores afectados por este nuevo esquema.
Nuevas reglas y costos por extracción de agua
El corazón del decreto introduce una lógica económica progresiva. Los usuarios que realicen mayores extracciones de agua tendrán costos marginales crecientes, mientras que quienes utilicen fuentes más vulnerables, como ciertos acuíferos, deberán abonar valores más altos en función del impacto generado por sus actividades.
El esquema también contempla incentivos para promover la eficiencia hídrica. Los usuarios que instalen medidores de caudal o logren reintegrar un mayor porcentaje del recurso sin alterar significativamente su calidad podrán acceder a reducciones en el costo establecido por la normativa.
Los fondos recaudados se destinarán a tareas de medición, planificación, monitoreo y control desarrolladas por la ADA. Estas iniciativas tienen como objetivo garantizar la disponibilidad y calidad del recurso a largo plazo, en concordancia con políticas de gestión enfocadas en la preservación ambiental.
La actualización fue publicada en el Boletín Oficial y se enmarca dentro del Código de Aguas, Ley 12.257, que establece el dominio provincial sobre los recursos naturales. Con esta modificación, el canon se redefine como una herramienta de gobernanza hídrica vinculada al uso racional del recurso.
Ámbitos y antecedentes del canon del agua
El universo alcanzado incluye industrias manufactureras, establecimientos agropecuarios, centrales energéticas, explotaciones mineras, desarrollos urbanísticos privados, grandes comercios y prestadoras del servicio. En todos estos casos, el agua se utiliza en procesos económicos que implican la extracción directa de cursos superficiales o perforaciones sobre acuíferos.
El canon por uso del recurso fue establecido a fines de la década de 1990 con la sanción del Código de Aguas en la provincia. Esta normativa determinó que el aprovechamiento productivo de un bien hídrico público debía estar sujeto a una contraprestación económica, aunque su aplicación efectiva fue limitada durante años.
Recién en 2013, durante la gestión del exgobernador Daniel Scioli, se reglamentó el cobro a industrias y grandes usuarios, lo que generó un debate con sectores empresariales sobre el impacto en costos y la metodología de cálculo, discusión que persiste en los ámbitos técnico y político.